La reaparición pública del vocero del despacho presidencial, Fredy Hinojosa, a principios de esta semana, fue una noticia tranquilizadora. Con la ojeriza que parecía haberle cogido el premier Gustavo Adrianzén por andarle robando protagonismo a la hora de hacer anuncios oficiales, muchos temían por su suerte. Tras el alivio de comprobar que continuaba gozando de buena salud, sin embargo, empezó para quienes seguíamos su presentación una preocupación distinta, relacionada más bien con el discursito que se estaba echando para la ocasión. El funcionario, habitualmente tan circunspecto, estaba esta vez cargando contra los medios que habían reportado la áspera despedida que algunos pobladores de Sullana les dispensaron el pasado 5 de setiembre a la presidente Dina Boluarte y a su comitiva tras su visita a esa localidad. Hinojosa, concretamente, estaba haciendo un llamado al Ministerio Público para que “pueda actuar contra quienes pretenden alterar la verdad de los hechos”. Según él, lo reportado por una corresponsal de Canal N con respecto al fin de fiesta de esa visita era “absolutamente falso”. “Repito una vez más y me consta, ya que estuve presente, que todas las actividades en Piura se han desarrollado con absoluta normalidad”, sentenció. Y, claro, de algún modo tenía razón, pues de un tiempo a esta parte lo normal es que a la gobernante la pifien por donde va. Pero, en realidad, lo que él intentaba contarle a quien quisiera escucharlo era que a su jefecita nadie la había despedido de la mentada provincia piurana con cajas destempladas. Las imágenes, no obstante, están ahí. Y, también, el dato de que personas insatisfechas con la situación de la inseguridad y con las carencias de los servicios de agua y desagüe en el lugar, así como algunos deudos de quienes perdieron la vida en las protestas de fines del 2022 y principios del 2023, persiguieron entre gritos y arrojando piedras a la comitiva de la mandataria cuando se retiraba. Una circunstancia ciertamente condenable, pero no por ello susceptible de ser negada.
–Hinojosa situación–
De acuerdo con el vocero de la jefe del Estado, sin embargo, el reporte en cuestión y otros del mismo tenor “constituyen un acto más bien ilícito, que es una suerte de instigación a la violencia, instigación al atentado contra las autoridades” que requiere una intervención de la fiscalía. Y, como todos sabemos, la fiscalía interviene investigando. Es decir, lo que Hinojosa ha propuesto es que el Ministerio Público investigue de oficio –y no ante una eventual denuncia por difamación, calumnia o injuria– a uno o diversos medios de comunicación. Una sugerencia que haría palidecer de envidia a los comisarios políticos del chavismo en Venezuela. Se diría entonces que el que ha salido a arrojar piedras ha sido en realidad él, y que el blanco al que apuntaba eran los medios que reportan hechos ingratos para el Gobierno.
Como es de suponer, la amenaza ha merecido ya el rechazo del Consejo de la Prensa Peruana, de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), entre otros. Pero la gran pregunta, por supuesto, es si Hinojosa se lanzó por cuenta propia a decir lo que dijo o si actuó bajo instrucción de, digamos, las instancias superiores de las que depende.
En esta pequeña columna, nos inclinamos por lo segundo, pues desde Palacio no se ha escuchado rectificación alguna tras su bravata contra los medios y, además, se nos hace difícil imaginar a quien en esencia es un secretario disponiendo de un margen de iniciativa semejante en las alturas del poder. De cualquier forma, el que debe estar atravesado con toda esta situación es Adrianzén.