Desde hace al menos cinco o seis semanas vienen circulando rumores cada vez más fuertes sobre potenciales cambios en el Gabinete que lidera, desde marzo, el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén. La renovación, seguramente, ocurra en el breve o mediano plazo. Al final de cuentas, en los últimos años el Perú se ha acostumbrado a gestiones ministeriales de corta duración que están lejos de representar alguna variación significativa en la dinámica general de la toma de decisiones en el país.
El propio Adrianzén negó los cambios en reiteradas ocasiones en las vísperas del 28 de julio, fecha en la que suelen aparecer estos rumores. El 16 de julio, por ejemplo, respondió ante la prensa sobre el tema. “Con relación a los cambios, no hemos previsto ningún cambio del Consejo de Ministros. Todos los ministros, incluido el que habla, están en permanente evaluación. Ahora, para 28, si había preocupación por alguna salida o variación, pues no la habrá”, dijo tajante.
Sin embargo, algunos días después, el 22 de julio, tuvo que reiterar el mensaje. “Esto [el cambio de ministros] no tendría que ocurrir ni en 28 ni en ninguna fecha específica”, afirmó esa vez, aunque, nuevamente, dejó abierto el espacio para la decisión formal, al indicar que cualquier variación estaba sujeta a la evaluación por parte de la presidenta Dina Boluarte.
Llegó el 28 de julio y los cambios, efectivamente, no se dieron. Los rumores, sin embargo, persisten. Es verdad que algunas gestiones ministeriales han representado un cambio significativo y positivo para sus sectores. Pero han sido, lamentablemente, la excepción. En cambio, han abundado, sobre todo este 2024, ministros que pasan de un dislate a otro.
Al margen de las anécdotas o valoraciones que generan muchos titulares, el rol de los ministros parece menos significativo al estar supeditado a una dinámica particular entre Ejecutivo y Legislativo en la que el primero fluctúa entre el pasmo y la mezquindad, mientras el segundo lo hace entre la voracidad y la toxicidad regulatoria, y la abdicación al control político.
Dicha dinámica le atribuye a la presidencia un rol subordinado. No en vano, la percepción generalizada en la actualidad es que el Congreso tiene más poder que la presidenta: 64% versus 29% (Ipsos-”Perú 21″, 27/8/2024).
Parafraseando la descripción que suele usarse para las monarquías parlamentarias, la evaluación ciudadana podría verbalizarse de la siguiente manera: la presidenta preside, pero no gobierna.
En tal circunstancia, los eventuales cambios ministeriales parecen menos relevantes que hace algunos años. Finalmente, la historia recordará a los actuales ministros más por su duración en el cargo que por su compromiso de servir al país. Así, se caracterizará a nuestro tiempo como el del “sí, perduro”. El “sí, juro” no pasará de ser un solemne formulismo.