Es la política, estúpido

Un dato regularmente seguido por analistas financieros se ha convertido en el eje del debate político. Como se sabe, el pasado 25 de abril, la agencia calificadora Global Ratings S&P emitió un comunicado en el que anunciaba la reducción de la calificación crediticia del Perú.

El centro de la evaluación es la política. El comunicado se refiere al “complejo panorama político del Perú”, que, muy probablemente, “persista en el período previo a las próximas elecciones presidenciales y del Congreso”.

De hecho, aunque no se menciona con todas sus letras, parte de esa complejidad es la manoseada y ubicua pregunta: ¿llegará la presidenta Dina Boluarte a completar el mandato? La actual voluntad congresal indica que lo más probable es que sí llegue, pero los enredos del Ejecutivo hacen dudar de ello.

S&P señala, además, que esta situación “limita la capacidad del Gobierno para implementar políticas más oportunas para impulsar las perspectivas de inversión y crecimiento económico”.

Pero el Gobierno parece no tener en agenda dichas políticas. De hecho, en el MEF se pasó de la mirada cansina de Alex Contreras a una gestión más cercana a la ortodoxia que ha protagonizado titulares más por desatino que por una reacción adecuada a la poco favorable evaluación de las agencias calificadoras.

Para complicar esta situación, el Gobierno muestra serias inconsistencias. Así, mientras se espera que el Ejecutivo ingrese oficialmente el pedido de delegación de facultades legislativas en materia económica, la presidenta Boluarte protagonizó un público ‘impasse’ con su ministro de Economía, José Arista.

Los resultados de la evaluación, en cualquier caso, no parecen ser responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. Más bien, debe considerarse a la clase política en su conjunto. S&P se refiere a la carencia de acuerdos, lo que dificulta la concreción de políticas adecuadas: “La falta de consenso a nivel político sigue impidiendo políticas destinadas a reconstruir importantes reservas perdidas por la pandemia y las crisis económicas posteriores, como los ahorros para las pensiones y el aumento de la carga de la deuda del Gobierno (a pesar de permanecer en niveles relativamente bajos)”.

Sin embargo, habría que hacer precisiones. Los dos temas que menciona S&P (la dilapidación del sistema privado de pensiones y el incremento del déficit fiscal) responden más a la irresponsabilidad, al facilismo y hasta a la desidia de las autoridades elegidas, que ignoran la opinión de los entes técnicos y los llamados a la prudencia, no a la falta de consenso.

Así, pues, la política termina siendo el eje del debate económico. Hace falta adaptar al desalentador presente peruano aquella frase que se acuñara en la primera postulación de Bill Clinton a la presidencia de Estados Unidos en 1992: “Es la economía, estúpido”.