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A pesar del tono positivo del presidente de la República en su mensaje a la nación del 28 de julio, la situación se le ha complicado en los últimos meses al punto que su respaldo popular, según algunas empresas encuestadoras, ha bajado al 22%, lo que se debe en gran parte a las indecisiones mostradas en los últimos meses en el manejo político y a su falta de reacción oportuna ante la desaceleración económica del país.
En lo político, la mejor muestra de ello ha sido la forma tan ajustada cómo Gana Perú y sus aliados retuvieron el manejo de la Mesa Directiva del Congreso por un año más. Estuvieron a punto de perderla por las deserciones en los últimos días, así como por la fragmentación de otros grupos con los que el gobierno contaba hasta hace pocos meses.
Es evidente que el escaso éxito obtenido por el gobierno en el frente de la seguridad ciudadana, a lo que se agregan las indefiniciones en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, le está pasando la factura de manera inclemente, con lo que viene perdiendo piso rápidamente por la falta de toma de decisiones oportunas.
En lo económico, casi todos los indicadores muestran resultados decrecientes desde mediados del semestre pasado, ante lo cual el gobierno ha tenido una reacción tardía y, además, poco efectiva.
Aunque todavía se está a tiempo para corregir los errores, se debería comprender que las medidas a tomarse no pueden esperan tanto, ya que hoy se percibe un gobierno frágil y con poca capacidad de reacción, lo cual daña su imagen y lo que es peor perjudica al país.
A esto se agrega el poco tiempo que le queda por delante, habiendo transcurrido 3/5 partes de su período, ya que teniendo en cuenta que el último año es muy poco lo nuevo que puede emprender con el respaldo necesario, por cuanto la ciudadanía estará más interesada en lo que propongan quienes pretendan gobernar en el próximo período, en vez de aquello que pueda proponer el que ya está por irse.
En la práctica, lo que deje de hacer este cuarto año ya no podrá concretarlo en los últimos doce meses en que la campaña para las elecciones generales del 2016 ya habrá capturado la atención popular.
El paquete propuesto para reactivar nuestra economía tiene que ser completado con medidas que logren dar confianza al empresariado, ya sea este nacional o extranjero. Este antídoto al decrecimiento requiere de mayor inversión pública, entre otras razones, para que todos perciban el compromiso serio del Estado en la curva ascendente que se propone lograr para revertir esta tendencia negativa que no fue advertida a tiempo.
El nuevo Consejo de Ministros, presidido por Ana Jara, debe ganarse rápidamente la confianza popular y comenzar a trabajar en la actualización del programa reactivador que deberá explicar cuando solicite, dentro de los treinta días de su nombramiento, el voto de investidura del Congreso, tal como lo exige el mandato constitucional.
Esta será la primera valla que tendrá que superar, para lo cual su titular ya debe estar coordinando con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento de forma que las propuestas que haga sintonicen con las inquietudes y preocupaciones que han sido formuladas por las tiendas opositoras.
Esta puede ser la última oportunidad que tenga el gobierno para encarrilar a tiempo el rumbo económico del país, y a su vez, que el presidente de la República haga sentir su autoridad para imponer las medidas necesarias que permitan corregir esta dañina involución.
