Los golpes de Estado, hasta donde yo entendía, se daban de dos maneras. Los clásicos y ya obsoletos con militares al poder, y los todavía frecuentes con presidentes civiles elegidos que se transforman en dictadores con complicidad de las Fuerzas Armadas (FF.AA).

La nueva variante, en donde el sistema de justicia y el se confabulan para darle un golpe al presidente, sería un aporte novedoso de la a la ciencia política. ¿Qué síntomas de ese “golpe” hay en la escena?

¿Ha habido desobediencia por parte de las FF.AA.? Pues no, más bien –como dice la Constitución– cumplen las órdenes de su jefe supremo. Pero lo contrario sí ha ocurrido. Después de la grosera manipulación de los ascensos que intentó para ascender a amigotes y paisanos que no tenían los requisitos, y ante la negativa de los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea de adulterar el orden de méritos, estos fueron pasados de mala manera al retiro.

¿Desobedece la Policía Nacional del Perú (PNP) al presidente? Pese a todo el maltrato a su institución, no han hecho nada que se le parezca. Son no deliberantes y así deben seguir. En cambio, el subcomandante de la PNP perdió su promisoria carrera por denunciar que, desde Palacio, exigían US$25 mil para ascender a los coroneles. Al secretario general, la persona más cercana al presidente, le encontraron en un baño de Palacio y, según confesó cuando se entregó a la justicia, el principal destinatario era el presidente Castillo.

Pues vayamos al ‘Congreso golpista’. Tiene más de 10 bancadas que van desde la oposición dura, pasando por un sector amplio que oscila en sus puntos de vista, hasta un abanico de bancadas oficialistas de izquierda que lo defienden a capa y espada. A ellos se han sumado, en la protección a Castillo, al menos media docena de congresistas que habrían vendido su conciencia a cambio de obras que, a su vez, se adjudicaron sospechosamente a un grupo de empresas.

Ahora vayamos a la justicia que “complota” contra nuestro prístino presidente. Hay que decir que acá, a diferencia de algunos de los países que hoy nos escrutan, la justicia ha sido implacable en la investigación y sanción a la corrupción desde el poder. Nada de que si eres de derecha te protejo y si de izquierda te sanciono, ni viceversa.

Centenares de altas autoridades de diversos gobiernos e ideologías están procesadas o ya condenadas. En el caso de los expresidentes, salvo uno, todos están en diversos momentos de procesos que la justicia desarrolla contra ellos. El padre de la líder de la bancada más grande de oposición va por las dos décadas preso. Su breve indulto fue declarado ilegal por la justicia.

Todas las medidas que ha tomado la fiscalía contra la organización criminal que investiga se han hecho con autorización judicial y, en algunos casos, revocadas en segunda instancia. De su lado, el Congreso ha sometido la acusación constitucional de la fiscal al control del Tribunal Constitucional, uno en el que seis de sus siete miembros han sido elegidos con votaciones altísimas, incluidos los de las bancadas que apoyan a Castillo.

Finalmente, sería descabellado sostener que también las instituciones autónomas son cómplices de ese supuesto “golpe”. Que lo sea el procurador general del Estado, al que sacaron violando la ley y que trabajosamente ha logrado su reposición por vía judicial; la Defensoría del Pueblo, que ha llamado la atención decenas de veces sobre abusos e irregularidades del gobernante; o la Contraloría General de la República, que ha emitido múltiples y sólidos informes dando cuenta de irregularidades cometidas por el Gobierno.

Y del lado de la sociedad, la Conferencia Episcopal ha hecho pronunciamientos en los que Castillo no queda precisamente bien parado. Incluso, hace unos días, un cardenal que intentó que el personaje cambie le ha pedido que renuncie por las “evidencias de corrupción”. A su vez, los organismos que defienden la libertad de expresión, denuncian la corrupción y exigen transparencia se han pronunciado sobre innumerables hechos atentatorios de esos principios en lo que va del Gobierno.

Ese es el mandatario que, aupado por los cómplices que aún le quedan, ha denunciado que se prepara un golpe de Estado en su contra y los ha timado. La realidad es otra.

Lo real es que se trata de un presidente investigado por la fiscalía que cuenta ya con cientos de evidencias en su contra y no hay semana en que no aumenten. Así, después de vuestra “aclamación”, se ha conocido, por ejemplo, sobre su súbita prosperidad inmobiliaria.

Castillo, en búsqueda de impunidad, abusa sistemáticamente del poder que ostenta para obstruir, amenazar y calumniar a los que están a cargo de las investigaciones. Hay, además, múltiples indicios de que los que han fugado de la justicia lo han hecho con protección del poder.

Sépanlo, lo que hay es un país en donde, con todas sus limitaciones y errores, se está tratando de conseguir, en democracia, salir de la pesadilla de corrupción y abuso de poder a la que nos han arrastrado.

Una sugerencia, por si les faltase acción: ¿no hay acaso suficientes evidencias de graves atentados contra la democracia en Nicaragua, El Salvador y Venezuela?

Carlos Basombrío Iglesias es analista político y experto en temas de seguridad

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