Ana Jara se presenta hoy ante el pleno del Congreso. Y a pesar de que durante la semana anterior le hicieron sudar la gota gorda, los congresistas le darán el voto de confianza que su Gabinete necesita para iniciar oficialmente su gestión. Pero con eso, no terminan las preocupaciones de la primera ministra. Recién comienzan.
La mayoría de consultores coincide en que el resultado del 0,3% del crecimiento del PBI que arrojó la medición del INEI, en junio, no será mejor en julio; pero dicen que en agosto nos recuperaremos. Sin embargo, y a pesar del entusiasmo que embarga a esos analistas, la economía sigue desacelerándose, y el MEF, que tardó demasiado en reconocerlo, no termina de explicarse por qué.
El presidente Ollanta Humala tampoco sabe qué sucede: sospecha de la crisis internacional, cree que es la única causa, aunque los países que la provocaron ya se están recuperando; y a las tímidas medidas anunciadas por Castilla, ha ordenado que se sume una decisión del Minem.
Por orden presidencial, y a través de una resolución ministerial, el ministro Eleodoro Mayorga dispuso el último sábado la creación de una comisión sectorial para agilizar las inversiones mineras. En un arrebato de carácter, el Gobierno ha dispuesto que se junten el secretario del Ministerio de Energía y Minas, el viceministro del sector, un delegado del MEF y otro de Pro Inversión para “evaluar, identificar, proponer y realizar el seguimiento de medidas para impulsar y agilizar las inversiones mineras”.
A casi tres años de paralizar Conga, de dejarse ganar en Cajamarca por agrupaciones como Patria Roja, Tierra y Libertad y Venceremos; que ni siquiera tienen representación en el Congreso, el presidente Humala propone “identificar” las razones por las que no hay nuevos proyectos mineros ejecutándose en el Perú. Y tres años después de asumir el mando, dispone medidas para agilizarlos.
Los cuatro mil 800 millones de dólares que se dejaron de invertir en Conga, con todos sus estudios ambientales aprobados; los cuatro años que ha demorado la aprobación del rectificado estudio de impacto ambiental de Tía María, los inacabables meses que se paralizó Tintaya, los lustros que tiene inmovilizado Quellaveco, los plazos alargadísimos que enfrenta Candente Copper en Cañariaco para reanudar sus labores de exploración, van a ser ahora “pasivos de los instrumentos de la simplificación administrativa”. Así por lo menos lo señala la flamante norma del Minem que promete “promover la mejora permanente de la gestión pública”.
La ministra Jara tiene entonces mayores y trascendentes razones para preocuparse. Los roedores de Abugattás no deberían quitarle el sueño, su desvelo debiera concentrarse en resolver el más significativo de los “pasivos” de su gobierno: Conga. Para que la confianza se restablezca y los inversionistas, nacionales y extranjeros, pisen el acelerador, el Gobierno tiene que mostrar decisión frente al caso que tiznó su gestión de debilidad y falta de convicción.