Federico Salazar

Casi ningún candidato se salva de tener denuncias o procesos.

Daniel Urresti tiene sentencia por difamación agravada y habría participado en el homicidio del periodista Hugo Bustíos. Fue absuelto, pero se determinó nuevo juicio oral.

Rafael López Aliaga tiene ocho cargos. Contra la fe pública, violación de la libertad del trabajador, contra la función jurisdiccional y antecedente policial por manejar en estado de ebriedad. Manejó borracho.

George Forsyth tiene 16 alertas. Entre otras, por negociación incompatible, concusión y cohecho pasivo (coima), formas agravadas de violencia contra la mujer y violencia en entorno familiar.

Gonzalo Alegría tiene denuncias por cohecho (coima) en el 2017 y su hijo lo denunció recientemente por abuso sexual. De esta denuncia solo conocemos declaraciones periodísticas.

La mayoría de estos antecedentes se puede encontrar en el portal web ‘Kuskachay’, de la Asociación Civil Anticorrupción, del mismo nombre.

Quizá todos los imputados son inocentes. Nunca, sin embargo, hemos llegado a tener una lista de candidatos con tanta carga procesal.

¿Por qué llegan más lejos, justamente, los que tienen mayor cantidad de problemas con la justicia? Se trata del sistema de y del sistema de control político.

El gobierno de hizo reformas al sistema político y electoral. En la plenitud de su popularidad, creó leyes e incluso reformas constitucionales. Realizó un referéndum.

Los ciudadanos fueron a votar, esperanzados en la posibilidad de favorecer un nuevo sistema de elección de autoridades. Todo fue en vano. Como se ve, los candidatos son cada vez peores candidatos.

Martín Vizcarra no solo hizo un referéndum. Cerró el Congreso de la República con un argumento que no existe en la Constitución: la denegación “fáctica” de la confianza.

Sostener que alguien me niega la confianza “en los hechos”, depende, por supuesto, de mi interpretación de los hechos. Hizo esto o aquello, por tanto, “es clarísimo que me negó la confianza”. Es una apreciación subjetiva, los hechos no tienen boca, alguien habla por ellos.

El TC, al legalizar esta disolución, no pudo evitar reconocer que se trataba de una interpretación (fundamento 222, Sentencia TC, 006-2019, 14 de enero del 2020). ¡La interpretación de Vizcarra!

Con este deleznable argumento de unos “hechos” interpretados, Vizcarra se sumó a una lista. En el último medio siglo y pico, solo tres presidentes cerraron el Congreso: Velasco, Fujimori ¡y Vizcarra!

El partido de Vizcarra celebra el aniversario de este último cierre del Congreso. En un comunicado, dice que “minorías poderosas” “han iniciado una persecución política, judicial, mediática y social”.

Vizcarra tiene cuentas con la justicia. Excolaboradores suyos han brindado información sobre sus personalísimos actos de corrupción. El cuento de la “persecución” es claramente una maniobra.

Vizcarra condenó al Perú a ser el país con más muertes por millón y mayor debacle económica por encierro en la pandemia. Lo hizo por ser popular. Se vacunó él y dejó al país sin vacunas.

El golpe institucional de Vizcarra no sirvió para hacer ninguna reforma política o electoral. La prueba está a la mano. Cada vez hay más candidatos y estos son cada vez más impresentables.

La reforma política de Vizcarra ha sido una burla. Le interesaba el aplauso, no cambiar el desastroso sistema electoral.

El colorido menú de candidatos denunciados o procesados no es azaroso. Es resultado del populismo y la irresponsabilidad de Martín Vizcarra y sus aliados.

Federico Salazar es periodista

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