La ruidosa justicia y la impunidad silenciosa, por Juan Paredes Castro

Pocas cosas en el mundo superan en ruido y escándalo a la corrupción política y a la acción de la justicia por combatirla.

La corrupción mueve los cimientos de repúblicas, monarquías y corporaciones. Presidentes, primeros ministros y CEO de transnacionales como Odebrecht desfilan por los estrados fiscales y judiciales.

Se trata de un fenómeno extendido que ya no puede ser visto con indiferencia y en cuyo alrededor los países que lo sufren se juegan la suerte de levantarse o hundirse.

Pocas cosas superan, asimismo, a los eficaces mecanismos subterráneos y silenciosos de la impunidad, escudo protector por excelencia de la criminalidad, y que van desde la concertación de concesiones de obras públicas y la intervención directa y consentida en ella de altos funcionarios del Estado hasta el pago de sobornos en mano o en cuentas bancarias codificadas que el mismo Estado igualmente consiente como arca abierta. No hay ni siquiera violación de doradas reglas de control porque estas sencillamente no existen como debieran existir.

De la misma manera como no se ve bien que la justicia se pase viviendo del ruido y del escándalo (la judicialización de la política y la politización de la justicia) tampoco se ve bien que pueda convertirse en un rehén de estructuras de impunidad, enraizadas en legislaciones burocráticas, en la trama administrativa de los poderes públicos, en los recovecos de los tribunales y en la naturaleza venal de sus magistrados.

Las condiciones propicias están, pues, dadas para que culpables alcancen la absolución y para que colaboradores eficaces, con su sola palabra y sin más pruebas, puedan hacer de sus delaciones el precio de su onerosa –y a veces vergonzosa– libertad.

Es la metáfora perfecta de la ausencia de acusaciones concretas y fundamentadas y de sentencias firmes e irreversibles.

De esta metáfora están llenas las cruzadas anticorrupción en el mundo, que incluyen, por supuesto, al Perú, con su megainvestigación fiscal del Caso Lava Jato, que tanto puede llevar a prisión a más de tres expresidentes, tres ex primeros ministros, dos exalcaldes de Lima, una docena de exministros y media docena de gobernadores regionales, como también, por acción de los mecanismos subterráneos y silenciosos de la impunidad, ver a todos ellos fuera del alcance de la justicia y retornando a las lides electorales en su nueva condición de candidatos a la presidencia y al Congreso.

No hay modo de aspirar a castigos judiciales ejemplares anticorrupción sin la neutralización o anulación de los perversos mecanismos de impunidad, muchos de ellos imperceptibles (de ahí que los fiscales se excedan muchas veces en la demanda de innecesarias prisiones preventivas pretendiendo impedir fugas y obstrucción a los procesos). Igualmente, no hay modo de perseguir tales objetivos en las condiciones descritas sin el respeto estricto por la presunción de inocencia y las normas procesales.

Un fiscal no puede basar su autoridad y eficiencia en los encabezados de los diarios, ni un juez puede pretender ser confiable por el grado de popularidad que le brinde una encuesta. Nada, absolutamente nada, debe hacer aparecer un caso judicial como si se tratara de un linchamiento público. Fiscales y jueces se deben a sus códigos de conducta y a sus claras funciones jurisdiccionales. El respeto que exigen a sus investiduras es equivalente al respeto que ejerzan por la dignidad y la honra de quienes investigan y juzgan.

Sería una buena noticia que el próximo Congreso contribuyera a desbloquear en el Tribunal Constitucional la facultad sancionadora otorgada hace tiempo a la contraloría.

Lo justo y coherente sería que, a su vez, el Congreso se allane a ser fiscalizado por la contraloría como que las instancias fiscales y judiciales dejasen de rebotar sus resoluciones, convirtiendo a sancionados en reivindicados, a pasibles de investigación en simples testigos y a potenciales infractores de la ley en postulantes a nuevas funciones públicas.

Por último, bien por el ruido si trae el eco de sentencias.