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A individuos como Daniel Urresti se les puede encontrar en varios recovecos de la sociedad, pero solo a un presidente como Ollanta Humala se le ocurre nombrarlo ministro en una cartera tan importante como Interior, a sabiendas, además, de que está procesado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
Y solo en un gobierno como el de Humala se le mantiene en el cargo después de un comportamiento de insultos reiterados y descalificación personal que “no solo es una falta de respeto a la ciudadanía en general sino que envilece el debate político y menoscaba la gobernabilidad democrática, comprometiendo la imagen del gobierno y del Estado Peruano”, como señala un pronunciamiento publicado el miércoles y suscrito por una treintena de personalidades entre las que destacan Javier Pérez de Cuéllar, Fernando de Szyszlo y Beatriz Merino.
Aunque el comunicado no menciona nombres, no hay duda de sus destinatarios, dado que empieza expresando “la profunda preocupación que nos suscita el nivel de las expresiones que vienen utilizando altos funcionarios públicos y ministros de Estado para referirse tanto a opositores políticos como a periodistas críticos”. Probablemente estén pensando también en el propio presidente de la República, que no solo se ha referido en términos similares a los partidos de oposición –“cloaca”, “mamarracho”– sino que recientemente justificó el lenguaje zafio que usan él y Urresti: “Alguna gente nos dice chuscos, chabacanos, no me interesa, nosotros hablamos como el pueblo, entonces todo el pueblo será así”.
En realidad no todo el pueblo es así. Pero es verdad que si la población escucha a las más altas autoridades expresarse insistentemente de esa manera, habrá algunos o muchos que creerán que es normal y adecuado comportarse así y tratarán de imitar esos modelos.
Recientemente el ex presidente Alberto Fujimori fue sentenciado por el caso de la prensa chicha, diarios amarillos comprados o creados por Vladimiro Montesinos con dinero del Estado para insultar, calumniar y difamar a periodistas y opositores políticos. Que es exactamente lo que hace este gobierno a través de Urresti y otros usando las redes sociales, apoyados por una legión de empleados afincados en la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia) y el Ministerio del Interior. Lo único que ha cambiado es el medio, no los objetivos ni los métodos.
El presidente Humala es también responsable de otro hábito montesinista, el espionaje a personas incómodas o a gente de su propio entorno de la que desconfía. Los reportajes de Américo Zambrano publicados en “Correo Semanal” y el diario “Correo” han puesto al descubierto el reglaje practicado contra los ex ministros del gobierno aprista Jorge del Castillo y Miguel Hidalgo, el empresario Jaime Mur, el ex asesor de Daniel Abugattás, Jorge Paredes Terry, la congresista Cecilia Tait y otros.
Los encargados de efectuar el ilegal espionaje fueron nuevamente la DINI y la Dirin (Dirección de Inteligencia de la Policía), los mismos que me espiaban a mí y a otras personas el 2013 y que fueron puestos en evidencia por “Cuarto Poder” de América TV. En esa ocasión, como ahora, el gobierno inventó coartadas inverosímiles y envió a los ministros Juan Jiménez, Pedro Cateriano y Wilfredo Pedraza a mentir, encubrir e insultar. Hoy día ese triste papel le ha correspondido al infaltable Urresti –no puede dejar de aparecer donde hay publicidad–, al mismo Cateriano y a la primera ministra Ana Jara, que por supuesto ni sabe ni conoce nada de las ilegales tareas que realizan los organismos de inteligencia por órdenes de Ollanta Humala, pero que tiene que dar la cara y continuar su lenta agonía en un cargo que, bajo la pareja presidencial, conduce inexorablemente al achicharramiento político.
Los objetivos del espionaje son dos. Primero, encontrar algo que pueda servir para chantajear o desacreditar al investigado, y segundo averiguar quiénes son sus fuentes de información. Para militares moldeados por Montesinos, sin cortapisas morales ni democráticas, como Humala y Urresti, esa es una manera usual de intervenir en la política.
El asunto es que se están combinando muchos elementos que constituyen una mezcla explosiva: desaceleración de la economía, corrupción que llega a los niveles más altos, protestas sociales, uso ilegal de los servicios de inteligencia, y ataques enloquecidos desde el poder a sus adversarios. Una chispa puede hacer estallar la bomba.
