La ilusión de la RMV, por Gianfranco Castagnola

Como parte de sus campañas electorales, los candidatos han iniciado una suerte de subasta de incrementos de la remuneración mínima vital (RMV). PPK rompió fuegos con S/850, lo siguió César Acuña con S/900, Verónica Mendoza y José Luna de Solidaridad Nacional con S/1000 y remató Vladimir Cerrón con S/1500. No han dicho cómo llegaron a esas cifras. Tampoco parecen tener conciencia de su impacto sobre las micro y pequeñas empresas, para las cuales un incremento de la RMV podría significar una condena a la informalidad, porque no podrían pagarlo.

Las actividades económicas son informales cuando los costos de la formalidad superan sus beneficios. Y la RMV es un componente importante de estos costos. El estudio “Trayectorias hacia la formalidad” (Banco Mundial, 2008), realizado con trabajo de campo, con encuestas y ‘focus groups’ a micro y pequeñas empresas, nos da luces al respecto. Plantea que las microempresas informales, en la medida en que van creciendo, son capaces de acceder a dos dimensiones de la formalidad: la legal y la tributaria. Suelen sacar su licencia municipal y RUC, y pagar impuestos por al menos una parte de sus rentas, lo que les permite lidiar con fiscalizaciones y les facilita la obtención de créditos. 

La valla hacia la formalización en el terreno laboral, sin embargo, les resulta infranqueable. El estudio muestra que mantienen relaciones laborales basadas en la informalidad: más del 80% de las chicas (de uno a cinco trabajadores) no tiene a ningún empleado bajo contrato laboral, y dos tercios de las más grandes (de 11 a 50 trabajadores), tampoco. Las razones son obvias: el alto costo de despido –el Perú tiene una de las 15 legislaciones más rígidas en el mundo– y la RMV. Dos tercios de las empresas encuestadas manifestaron que su negocio no era suficientemente productivo como para poder pagar la RMV, además de declarar que les resulta incomprensible pagar “un sueldo piso” cuando suelen remunerar por destajo. 

Los salarios deben reflejar la productividad. El objetivo de fijar un salario mínimo es proteger a los trabajadores en situaciones en que los empleadores pudieran tener un poder de negociación excesivo y remunerarlos por debajo de su productividad. Se busca que ese salario sea un piso y, por tanto, menor al salario promedio. Por ello es un error comparar nuestra RMV con la de otros países. 

En el Perú, un trabajador produce, en promedio, 23% menos que su par colombiano y menos de la mitad que su par chileno. Lo relevante es entender nuestro mercado laboral y su dinámica con la informalidad. La gran dispersión de productividades hace que el actual nivel de RMV (S/750) termine siendo elevado para varios segmentos del mercado. En las microempresas de provincias, por ejemplo, 45% de los trabajadores percibe un salario menor a esa RMV –es decir, hay quienes están dispuestos a trabajar por menos de la RMV, pero tienen que hacerlo fuera de la formalidad–. Claramente, la RMV actual ya es una barrera a la formalización. Por ello, de cada 100 trabajadores, solo 30 son formales; los 70 restantes no tienen ningún tipo de protección legal. Subir más la RMV podría incentivar a que empresas que han avanzado en formalizarse pasen trabajadores a la informalidad, más aún en un contexto de enfriamiento de la economía.

¿Qué hacer? El estudio del Banco Mundial recomendaba evaluar una RMV diferenciada por regiones. Apoyo Consultoría lanzó una propuesta de RMV diferenciada para dos segmentos: micro/pequeñas empresas y medianas/grandes. Esta propuesta incluía establecer una política por la cual solo se aumentara la RMV cuando esta fuera menor al 50% del salario promedio del segmento. 

Con los actuales niveles, se podría aumentar la RMV en las empresas medianas y grandes. Es cierto que establecer diferenciaciones puede generar distorsiones en el mercado laboral. Pero la fijación de un precio por parte del Estado –y el salario es un precio– ya genera una distorsión per se. La propuesta reconoce la gran diferencia de productividades y tiene el efecto de disminuir los costos de esa intervención en los segmentos más vulnerables. Existen estudios que muestran que un trabajador de la microempresa tiene una productividad equivalente al 12% del de la mediana empresa; y este, una del 50% del de una grande.

La informalidad es un reto formidable para nuestro país. Las propuestas que algunos candidatos han hecho para superarla no van a solucionar nada si, al mismo tiempo, promueven medidas que van en la dirección contraria. Harían bien los equipos de los candidatos en revisar cifras antes de aventurarse a realizar promesas electorales inviables que generan ilusión y futura decepción. Los balones de gas a S/12 no debieran repetirse.