Impunidad, por Carmen McEvoy

En el Perú indigna la desigualdad, las muertes absurdas en las carreteras, la corrupción endémica, la falta de civismo y la ineptitud de la clase política. Sin embargo, lo que más conmueve es la impunidad. Y esto no es de ahora. En 1868 Juan Bustamante, político y escritor puneño, fue asesinado en Pusi. Antes de ser ejecutado debió presenciar cómo decenas de sus seguidores, la mayoría indígenas comuneros, eran quemados vivos por disposición del subprefecto Andrés Recharte. La falta de Bustamante fue enfrentarse a los abusos de los caciques locales. Lo más sorprendente de la historia de este liberal, precursor de las luchas por la inclusión de los indígenas en el proyecto republicano, fue que ninguno de sus verdugos recibió castigo. Las buenas conexiones de Recharte, quien contaba con una red de jueces “amigos”, lo libraron de la cárcel. En efecto, el Caso Bustamante fue cerrado por falta de pruebas y la acusación contra Recharte sobreseída por la corte de Puno. Más aun, luego del crimen de Pusi, y ante el horror de la opinión pública limeña, miles de comuneros fueron desterrados de sus pueblos como castigo por haber seguido a Bustamante.

La impunidad es un mal secular que cruza a todas las clases sociales. Desde el chofer de taxi que en su huida atropella a los serenos que le hacen notar su falta hasta el “amigo” del presidente que se fuga a Bolivia para no enfrentar los cargos en su contra, pasando por el narcotraficante usurpador que se esfuma dejando a sus amigos mal heridos, el comportamiento es el mismo. Tomar las de Villadiego dejando un reguero de muertos, heridos y damnificados. Entristece la indolencia del que no asume su responsabilidad personal, así como indigna que crímenes como el de Pusi, y más recientemente el de Saweto, no hayan sido castigados con todo el peso de la ley. Sin ir muy lejos, Edwin Chota, cuyo único delito fue denunciar a los depredadores de los bosques amazónicos, fue ejecutado y sus restos descuartizados, al igual que los de sus compañeros, y lanzados al río. Los responsables hasta ahora no aparecen.

¿Estamos condenados a la impunidad? ¿Existe una solución a este grave problema que destruye los lazos de convivencia social? Hace unos días ha llegado una noticia esperanzadora para los que aún nos indignamos ante una lacra que amenaza la esencia de nuestra humanidad. Un juez de Estados Unidos ha autorizado iniciar proceso contra Pedro Pablo Barrientos Núñez, implicado en 1973 en el asesinato del cantautor Víctor Jara. 

La demanda presentada por la familia en el 2013 acusa al ex oficial del Ejército de Chile de tortura, asesinato extrajudicial y crímenes de lesa humanidad por la muerte de Jara: acribillado días después del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende en 1973. La perseverancia de la familia y de un puñado de organizaciones de derechos humanos ha permitido iniciar el proceso contra Barrientos Núñez, mostrando que la justicia tarda pero llega. Aparte de estos casos ejemplares que llaman a la reflexión colectiva es importante crear en el aula escolar una cultura de la responsabilidad personal, lo que debiera incluir el análisis, por parte de los estudiantes, de ejemplos concretos que los sensibilicen ante la injusticia. De lo que se trata es que la historia ayude a forjar una ciudadanía respetuosa del derecho más fundamental que tenemos los seres humanos: el derecho a la vida.