Incendiando la pradera, por Maria Cecilia Villegas

El viernes último, la minera MMG anunció el cierre de su operación Las Bambas, en Apurímac, luego de que fracasaran las negociaciones con la comunidad de Chumbivilcas. Desde el inicio de sus operaciones en el 2016, las protestas han llevado a la paralización de sus actividades por más de 400 días. Las Bambas es la mina de cobre más grande del Perú, produce el 15,6% de la producción total peruana y alrededor del 2% del total de la producción de cobre a nivel mundial. Representa, además, el 1% del PBI nacional.

Durante los últimos 20 años ha habido una abierta oposición a la minería formal en el Perú. Esto, desde que, en el 2002, Tambogrande logró expulsar a la minera Manhattan Minerals de su territorio y se declaró como una provincia libre de minería. Contrario a lo que esperaban los pobladores, Tambogrande aún no ha logrado salir de la pobreza.

Como cualquier peruano, un comunero busca el desarrollo, que no es más que lograr tener acceso a servicios de calidad. Que en las postas médicas haya doctores preparados y medicinas; que el profesor de sus hijos no solo esté capacitado, sino que, además, esté bien remunerado. Que haya pistas, carreteras y puertos que les permita estar comunicados con otras provincias y poder llevar sus productos a otros mercados. A ninguna persona le gusta vivir en una zona de conflicto, amenazados constantemente y sin poder producir. Sin embargo, la falta de presencia del Estado hace que los peruanos que viven en zonas alejadas se sientan totalmente abandonados. Sin acceso a servicios de salud y educación, dedicados a la pequeña agricultura y ganadería, no logran escapar de la pobreza y construir el futuro que quieren para su familia.

Y es aquí donde aparecen los agitadores mineros, que lucran con la generación de conflictos sociales. Convencen a los comuneros, sobre la base de engaños, que la violencia es el camino para lograr conseguir más dinero de las mineras. Y a cambio reciben un porcentaje bastante importante. Hay también quienes hacen carrera política con la desinformación, el atraso, el engaño y la pobreza. Casos como los de los Chávez Sotelo en Apurímac buscando extorsionar a la minera Las Bambas; de Pepe Julio Gutiérrez, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo contra Tía María; o la ONG Grufides, de Marco Arana y la actual primera ministra Mirtha Vásquez, en Cajamarca, radicales opositores de Conga, son harto conocidos. Para lograr sus objetivos, forman frentes de defensa y ONG que no representan a nadie más que a ellos mismos. Pero logran hacerles creer a los comuneros que ellos están por encima de la ley y que la violencia está permitida.

La minería en el Perú representa el 60% de las exportaciones y genera 241.671 empleos directos. Hasta setiembre de este año, se había transferido a las regiones por renta minera (canon, regalías y derechos de vigencia y penalidad) S/ 6.535 millones, que pudieron ser utilizados para llevar agua potable, alcantarillado, mejorar colegios y postas médicas.

La antiminería y la violencia impulsada por la izquierda y desde el gobierno de Castillo no es el camino para sacar a las comunidades de la pobreza y lograr el desarrollo. Pero tampoco lo es el manejo social que han tenido las empresas mineras ni el penoso rol de los gremios. El camino es la libertad económica y las oportunidades. Las comunidades necesitan insertarse en el mercado, formar empresas comunales y generar, como cualquier otro empresario, riqueza. Las comunidades y los empresarios tienen muchas coincidencias y no tendrían por qué estar enfrentados.

La única forma de lograr un país con futuro es lograr una sociedad donde todos los peruanos puedan acceder al bienestar. Para lograrlo, necesitamos que las comunidades detengan la violencia, que el Estado imponga la ley y ejecute el presupuesto priorizando proyectos que permitan el desarrollo de las comunidades y que los empresarios bajen del piso 18.