Indi y los derechos de los niños, de todos

Hemos visto con estupor en los últimos días cómo un grupo de jueces británicos ordenó que se le retirara el soporte vital a la niña británica de ocho meses Indi Gregory, pese a la negativa de sus padres y a los esfuerzos del Gobierno Italiano que le concedió la nacionalidad a la pequeña para que fuera trasladada al hospital romano Bambino Gesú.

El mismo Tribunal Supremo de Inglaterra también denegó a los padres que Indi muriera en su casa, como lo solicitaron. Pese a la apelación para que no se desconectara a la menor, los jueces ratificaron la decisión. Indi murió el lunes luchando.

“Mi hija ha muerto, mi vida se ha acabado. Mi esposa Clare y yo estamos enfadados, desconsolados y avergonzados. El NHS [el sistema nacional de salud británico] y los tribunales no solo le quitaron la oportunidad de vivir, sino que le quitaron la dignidad de morir en su propia casa. Consiguieron llevarse el cuerpo y la dignidad de Indi, pero nunca podrán llevarse su alma”, declaró Dean Gregory, padre de Indi.

Casos como este no solo indignan, sino que confirman que quienes se rasgan las vestiduras con discursos de defensa de las niñas y se definen como entes protectores de la niñez alrededor del mundo callaron en todos los idiomas. Lo trágico de este asunto es que, si Indi hubiera sido un oso en extinción o una bebe leona del África, sin duda habría generado una campaña mundial para salvar su vida. Basta asomarse por Internet para enterarse del sinnúmero de iniciativas para salvar a los tigres de los cazadores. Pero Indi era solo una niña de ocho meses que padecía miocarditis.

Y no tenemos que irnos muy lejos para ver cómo aquí en el Perú algunos protestan porque el Congreso aprobó por insistencia la ley que reconoce los derechos del concebido.

Según la norma promulgada, el concebido tiene el derecho a la vida, a la salud, a la integridad moral, psíquica y física, a la identidad, al libre desarrollo y bienestar, y a otros derechos que le favorezcan.

Cabe destacar que la Constitución peruana, en su artículo segundo, reconoce derechos al concebido “en todo cuanto le favorezca”.

Ante la promulgación de la norma por insistencia del Parlamento, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un pronunciamiento en el que considera que “la norma es un preocupante retroceso en la protección de los derechos de las mujeres, especialmente de aquellas niñas y adolescentes embarazadas producto de una violación sexual, quienes podrían ver restringidos el acceso a los servicios integrales de salud, entre ellos el aborto terapéutico y el anticonceptivo oral de emergencia, cuando esté en riesgo su vida”.

Este ministerio, que ostenta el nombre de Mujer y Poblaciones Vulnerables, no solo ignora el mandato constitucional, sino que claramente expresa que la vida de unos vale más que la de otros. ¿Hay una persona más vulnerable que un concebido?

Es cierto que es una tragedia el abuso a niñas y adolescentes que termina en embarazo. Esto no debe ocurrir y todo abuso sexual debe castigar al perpetrador. Por cierto, ¿alguien está buscando al sujeto que violó a Mila, o con el aborto se solucionó el problema? El violador Lucas Pezo Amaringo sigue prófugo.

El MIMP debe ir al fondo del asunto, educar para prevenir estas terribles situaciones y exigir justicia y penas ejemplares para los abusadores. Pero, al parecer, prefiere atacar la consecuencia y no el origen, o el fondo del asunto.

Si nos proclamamos defensores de niñas y adolescentes, seámoslo de todos los niños, porque toda vida importa.