Una indiferencia patológica, por Roberto Abusada Salah

Es triste comprobarlo: la economía peruana parece destinada a seguir creciendo mediocremente a tasas inferiores al 4%. Una velocidad que no permite al Perú converger hacia el nivel de progreso de los países desarrollados, eliminar la pobreza y disfrutar de los servicios que un Estado moderno debe brindar a sus ciudadanos. Se dirá que 3,5% o 4% son tasas nada despreciables en el contexto mundial. Sin embargo, recordemos que aquellos países que lograron superar el subdesarrollo crecían a tasas muy superiores cuando se encontraban en la etapa de desarrollo en la que hoy se encuentra el Perú.

Si el país no crece hoy a tasas de 6% a 8% es por falta de liderazgo, el pobre nivel de sus instituciones y el funcionamiento defectuoso de su Estado. Y estas carencias son aun más graves si van unidas a la enorme ventaja peruana de poseer una fortaleza macroeconómica envidiable, fundamento esencial para sustentar un alto y prolongado crecimiento. Si bien es cierto que los problemas de institucionalidad toman tiempo en mejorar, no es menos cierto que el país posee algunas poderosas palancas de desarrollo que hoy se desaprovechan por los errores e indiferencia de su clase dirigente. Mencionemos solo dos de estas palancas: el crecimiento de su población en edad de trabajar y la enorme cantidad de recursos naturales inexplotados.

La fuerza laboral en el Perú se incrementa a ritmo de 300 mil jóvenes por año que lejos de acceder a empleos formales y productivos simplemente se incorporan al contingente de trabajadores informales con bajísima productividad. Las razones por las que no se emplea este invalorable recurso son variadas y van desde el pobre estado de la educación y la salud pública hasta la impenetrable maraña de trámites y permisos que ahogan la iniciativa privada. En el campo laboral existe un factor que grafica nítidamente nuestra indiferencia. Desde el año 2001 un aberrante fallo del Tribunal Constitucional (TC) ha destruido los empleos formales a tiempo indefinido incentivando los empleos temporales a plazo fijo. El TC decidió que la protección ante el despido del trabajador no es la importante indemnización hoy vigente, sino la reposición en el mismo lugar de trabajo. Más allá del hecho de que tal fallo viola el espíritu de la Constitución y la totalidad del sentido de su Capítulo Económico, sus nefastos efectos parecen no importar a la mayoría de los miembros nombrados desde entonces para conformar cada tribunal. Está científicamente comprobado que a partir del infeliz fallo del 2001, casi no existen contratos de empleo a tiempo indefinido; se han perdido casi un millón de empleos con contratos permanentes. En el 2001 solo el 35% de los empleos eran temporales, pero hoy constituyen el 75% (19% en Chile, 27% en Ecuador). Los salarios de los trabajadores temporales son en promedio 25% menores y tales empleos no gozan de entrenamiento en el trabajo, sindicalización o el horizonte de una carrera laboral. Este desastre laboral y la evidencia científica que lo documenta tienen sin cuidado a la mayoría de los tribunos que desde el 2001 accedieron al TC. Simplemente, no les importa.

En el caso de los recursos naturales, demos una mirada a la minería del cobre. El año 2011 el Ministerio de Energía y Minas proyectó para el 2019 una producción de 6 millones de toneladas de cobre fino. No lo hizo adivinando. Se basó en la existencia de los planes de los proyectos prestos a construirse. Hoy la producción de cobre es de solo 2,4 millones de toneladas. En otras palabras, la mala gestión de los gobiernos y el haber permitido que la ‘industria antiminera’ predomine sobre la voluntad de la mayoría de los peruanos ha privado al Perú de US$27 mil millones adicionales de exportaciones por año, además de alcanzar el primer puesto mundial en la producción de cobre (Chile obtuvo su producción récord el 2018 con 5,8 millones). Más importante aun, la tributación anual sería mayor en US$4.000 millones (2.700 millones directamente provenientes de la actividad del cobre y 1.300 por el efecto indirecto de la mayor producción y consumo en el resto de la economía). Esto solo en la minería de cobre.

Imaginemos que progresivamente los 300 mil jóvenes que cada año llegan a la fuerza laboral accedan a empleos formales con la actual pequeña productividad laboral promedio del país (US$12.100 anuales) debido a que incluye millones de microempresas de exigua productividad. Y que en efecto se construyan a lo largo de 6 u 8 años los proyectos mineros de cobre y otros metales que están identificados. Pues el país aumentaría su tasa de crecimiento del 4% a más del 7%.

Resulta fácil encontrar la razón principal por la que acciones similares a las que he descrito no se traten de conseguir con mayor ahínco: la existencia de una gran dosis de indiferencia.