Indígenas al siglo XXI, por Irma Montes Patiño

La exposición del ministro de Educación, Jaime Saavedra, fue ovacionada por los concurrentes a CADE, pues expresó claramente que la clave del desarrollo está en la calidad educativa.

En el Perú, sin embargo, es necesaria una educación de calidad que detecte y responda a las necesidades y retos que el siglo XXI impone a las poblaciones más alejadas de los centros de poder y de la toma de decisiones, es decir, a los niños y adolescentes indígenas, particularmente amazónicos. Un tema que Saavedra dejó en el tintero. 

Las características geográficas, ecológicas y socioculturales, además de la dinámica económica, de la Amazonía (escenario de grandes proyectos de inversión extractiva) demandan un particular abordaje educativo que dote a las nuevas generaciones de las comunidades nativas de conocimientos necesarios para forjar su propio destino, ser interlocutores empoderados frente a las empresas inversionistas y entrar al siglo XXI, o a eso que el reconocido economista Hernando de Soto llama “pasar del Perú preindustrial al industrial”.

Shuar Velásquez, investigador wampis awajun de la Universidad de Piura, publicó hace unos meses, en El Dominical, un interesante artículo en que propone que quizá se debe replantear las reivindicaciones indígenas tradicionales. Para Velásquez, las reivindicaciones territoriales y culturales (educación multicultural y bilingüe) “son actualmente una realidad”, pero no son “una respuesta acorde a las grandes preguntas que nos plantea nuestro tiempo”, como “una educación basada en la tecnología y enfocada en los negocios”. 

Solo una educación acorde a los retos actuales garantizará la subsistencia y cohesión de las comunidades amazónicas, evitará que sean manipuladas por grupos antiinversión, erradicará la asimetría frente a las empresas, destrabará gran parte de las inversiones y terminará con el clima de desconfianza y conflictividad social. 

A las empresas hoy se les complica detectar a interlocutores válidos y muchas veces el diálogo empresa-comunidad (siempre muy técnico) se trunca, lo que retrasa también todo esfuerzo para aplicar mecanismos de consulta previa.

Vale recordar que, tras firmar el Tratado de Paz entre el Perú y Ecuador (1998), se recibió un fondo de más de US$5 millones para desarrollar la región del Alto Marañón, área de los pueblos originarios aguaruna y huambisa. El dinero se invirtió en educación universitaria de estudiantes indígenas, pero no tuvo éxito, pues las posibilidades de empleo posterior fueron casi inexistentes. Esto –según explicó Velásquez en el 2011– porque las carreras “solo podían ejercerse en las ciudades cuando casi todas las comunidades nativas se encuentran en los bosques y [por] un paupérrimo conocimiento de la realidad”.

En CADE, el ministro Saavedra enfatizó la necesidad de una mayor inversión en el sector, pero su cartera no debe dejar de lado una mirada innovadora a las necesidades actuales de las comunidades indígenas y desarrollar las habilidades que les permitan conocer el funcionamiento de los mercados para sus productos, oficios y carreras que los jóvenes puedan ejercer en sus territorios y vincularse a empresas de sus zonas y, así, progresar individual y colectivamente. 

Saavedra preguntó retóricamente si “la educación realmente ha sido una prioridad para el país”. Cabe otra interrogante: ¿Existe una visión clara de qué tipo de programas educativos requieren las poblaciones más vulnerables para que –manteniendo sus tradiciones y cosmovisiones– ingresen al siglo XXI?