El doble golpe recibido por la economía por las revelaciones de corrupción y los desastres naturales se empezó a hacer patente con la revelación del raquítico crecimiento de febrero. En marzo esta cifra será negativa, reafirmando la imagen de un país aletargado, incapaz de crear empleo formal, con una inversión privada en caída libre y un Estado que no logra organizarse para contrarrestar esa caída con una dosis masiva de inversión pública.
De otro lado, el gran entusiasmo que se generó después de las elecciones ha ido desvaneciéndose, y las últimas mediciones muestran resultados en terreno negativo. Más aun, la centena de decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo con importantes medidas que incluyen una sustancial reforma regulatoria no ha producido el ‘shock de confianza’ que se esperaba. Importantes nuevas reglas para la conducción del Estado no solo han pasado desapercibidas por la población, sino que increíblemente son ignoradas por la propia burocracia estatal encargada de ponerlas en práctica. Municipalidades y gobiernos regionales siguen operando como si estas ‘revolucionarias’ normas no existiesen.
Ahora se espera que la ley que acaba de aprobar el Congreso y autoriza la elaboración de un plan de reconstrucción pasada la emergencia que causaron los desastres naturales sea usada por el Estado como base para una reactivación económica amplia y duradera. No caben aquí el aprovechamiento político, las disputas por competencias entre distintos niveles de gobierno, ni la medición de fuerzas entre grupos políticos.
Todos debemos comprender que un crecimiento económico del 3% como al que aspira el Ejecutivo debe ser seguido por un fuerte impulso para los años siguientes. Si ello no sucede, el Perú puede entrar en una senda peligrosa de involución económica y social. Debemos ser conscientes que cada año ingresan a la fuerza laboral cerca de 300 mil jóvenes con la expectativa de conseguir un empleo. Un crecimiento como el que se nos ofrece solo acarreará una creciente frustración en ellos y en todos aquellos que en años precedentes vieron truncadas sus expectativas. Con crecimientos de 2% o 3% anual el nivel de pobreza se mantiene, e incluso pueden regresar a sus filas aquellos que hace poco salieron de ella.
Afortunadamente, el país tiene en su envidiable salud macroeconómica la condición indispensable para inyectar un fuerte impulso económico. Todo el resto deberá ser provisto por el liderazgo y la organización dentro del Estado. El punto de partida para tal impulso se debe dar por una acción concertada y simultánea en tres áreas fundamentales.
La primera consiste en la elaboración de un plan coherente de reconstrucción. Su aplicación exitosa requiere de difíciles decisiones que prevalezcan sobre los obstáculos que ha creado la fragmentación política fruto de la malísima implementación del proceso de regionalización. El objeto de la regionalización siempre fue acercar el Estado a los ciudadanos y no destruir el carácter unitario de la nación, como desafortunadamente ha terminado siendo.
La segunda área de énfasis para lograr el necesario impulso económico debe ser dado por un cambio de enfoque en el tratamiento de los megaproyectos paralizados o de lenta ejecución. No es aceptable que el cuantioso daño que esto ocasiona siga sin remedio por la falta de decisión dentro de un ministerio o una agencia de gobierno. Todas las acciones necesarias para destrabar proyectos pasan al fin de cuentas por decisiones políticas. Aquel ministro o funcionario que no esté a la altura de las responsabilidades que ha asumido debe ser apartado de su función.
Finalmente, el tercer elemento que requiere el impulso económico está dado por la impostergable adopción de una postura expansiva de la política fiscal y la política monetaria. El Ministerio de Economía y Finanzas ya ha revisado la trayectoria de disminución del déficit fiscal hacia el 2021 para permitir el espacio fiscal necesario para la reconstrucción en los próximos tres años. La medida es correcta, pero debe ser acompañada por un seguimiento minucioso del nivel de ejecución de proyectos en todos los niveles de gobierno para remediar prontamente cualquier desviación con respecto a su avance programado. Por su parte, el Banco Central, habiéndose ya comprobado el carácter transitorio en el aumento de precios del primer trimestre, debería proceder a una rebaja importante en la tasa de interés de referencia.
Como vemos, el imprescindible impulso económico está a nuestro alcance, pero requiere de una dosis enorme de liderazgo y voluntad de llegar a acuerdos políticos entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria.