Desde su creación a finales de la década de los 90, los programas de transferencias monetarias condicionadas (PTC) se han posicionado como una de las intervenciones más emblemáticas para mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza alrededor del mundo. En concreto, los PTC entregan un bono monetario cuando el hogar cumple con los compromisos asumidos, que suelen incluir controles para gestantes y recién nacidos, y asistencia regular a la escuela y a controles de salud. De esta manera, funcionan como un estímulo para la demanda de servicios públicos claves para el desarrollo humano, así como un complemento a los ingresos de los hogares en situación de pobreza. Así, se busca contribuir con la ruptura del círculo intergeneracional de la pobreza.
El Programa de Apoyo Directo a los más Pobres, más conocido como Juntos, es el instrumento de transferencias monetarias condicionadas peruano. Creado en el 2005, fue ampliando su cobertura en ámbitos rurales de costa, sierra y selva, llegando a cerca de 700 mil hogares afiliados a nivel nacional. Juntos otorga una subvención de S/1.200 anuales en seis cuotas bimensuales, previa verificación del cumplimiento de los compromisos por parte de los hogares usuarios. El programa se ha posicionado como uno de los pilares de la red de protección social peruana y ha logrado una sólida legitimidad basada en la mejora continua de sus sistemas de información, transparencia y gestión. Asimismo, ha acumulado un importante cuerpo de evidencia cuantitativa y cualitativa sobre sus impactos, fortalezas y debilidades.
Este año Juntos cumple 17 años de vida institucional y ha presentado una propuesta de rediseño (iniciada en agosto del 2020) que amerita atención pública, pues responde a cambios largamente esperados. La atención a la pobreza urbana es un pendiente de la política social peruana que hoy constituye una ineludible urgencia, pues aproximadamente el 70% de los pobres a nivel nacional se encuentra en ámbitos urbanos. Uno de los cambios más importantes planteados por el programa es la eliminación de la focalización geográfica –que se centraba en ámbitos rurales–. Esto permite incorporar a hogares urbanos en situación de pobreza y vulnerabilidad. Por otro lado, se introducen tres nuevos esquemas de transferencias dirigidos a la primera infancia, gestantes, niños y adolescentes, orientados a incentivar el acceso al paquete básico de salud y a mejorar la matrícula y asistencia escolar. Luego de dos años de un cierre educativo que ha impactado negativamente en los aprendizajes y la continuidad educativa, el uso de transferencias monetarias también puede servir para combatir la deserción escolar, especialmente en los últimos años de secundaria. Para el 2023 está prevista la implementación del piloto de la transferencia monetaria dirigida a estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria en 12 distritos.
Avanzar en esta ruta requerirá un compromiso presupuestal, lo que supone responsabilidad y capacidad de priorización desde el Ejecutivo. El Gobierno debe abandonar la lógica populista de crear un nuevo bono ante cada problema social para centrar los recursos públicos en escalar instrumentos de política pública con efectividad comprobada y capacidad de implementación en territorio, como Juntos. Por otro lado, es fundamental preservar la independencia política de los programas sociales, garantizando un manejo técnico, transparente y orientado a resultados. El gobierno de Castillo tiene la oportunidad de apoyar una innovación importante en la política social si brinda las condiciones y recursos para la adecuada implementación del renovado Juntos. Si bien ningún programa social puede eliminar la pobreza por sí solo, estos contribuyen a generar condiciones favorables para la mejora de la calidad de vida y el acceso a oportunidades. En medio de la inestabilidad y el desmantelamiento de la gestión pública que limita la capacidad estatal para implementar buenas políticas públicas, tenemos en el programa Juntos un ejemplo de innovación que merece ser apoyado.