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El acceso a la información pública es un requisito fundamental para el funcionamiento de la democracia. Incrementa los niveles de transparencia en los entes públicos y otorga a la sociedad la facultad de un acceso oportuno a información que la empodera para cumplir su deber de fiscalización. Su uso estratégico, además, contribuye a una lucha efectiva contra la corrupción.
Información pública (Ilustración: Giovanni Tazza)
Por lo tanto, corresponde velar por el respeto y el cumplimiento de sus alcances en nuestro país. Desde la experiencia de Centro Liber, un proyecto especializado en materia de transparencia del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), intentamos responder una pregunta válida y recurrente: ¿A qué nos enfrentamos los ciudadanos cuando solicitamos información pública?
De enero del 2022 hasta la fecha, presentamos alrededor de 500 solicitudes de acceso a la información pública ante las instituciones estatales. En el 52% de los casos, recibimos una respuesta oportuna, que nos permitió advertir sobre actos de presunta corrupción en la administración que involucran a altas autoridades. Uno de estos casos fue el uso irregular –y hasta delictivo– del avión presidencial durante el gobierno de Pedro Castillo.
Sin embargo, el foco de atención está en el 40% de las solicitudes en las que se vulneró nuestro derecho de acceso a la información. Las respuestas negativas de las instituciones, es importante destacar, incluyen diversos motivos o causas, promovidas por un desconocimiento de la norma –en su mayoría– y, en otros casos, sencillamente por un abuso de autoridad.
Entre estos argumentos están los cobros injustificados e ilegales por la información, denegatorias sin fundamentar, silencios administrativos, datos ilegibles, así como respuestas en formatos inaccesibles. Estas son solo algunas de las causas por las que el ciudadano desiste de ejercer su derecho.
Así tenemos que, por ejemplo, durante la gestión de María del Carmen Alva como presidenta del Congreso, se nos pretendió cobrar S/1.560 para acceder en copias a las rendiciones de cuentas de los asesores parlamentarios durante la semana de representación, a pesar de que habíamos solicitado la entrega de la información de forma digital y por correo electrónico, cuya vía es gratuita.
En otra ocasión, desde Palacio de Gobierno se nos ocultó información sobre el expediente de contratación del abogado del entonces presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, como asesor FAG. Inclusive, hace un mes, se nos ha impedido acceder a los informes de viajes al exterior de Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Según el asesor del Despacho Ministerial, Jorge Meza Ramos, “no existe obligación para un ministro de Estado de presentar el informe”. Esta afirmación colisiona con el principio de transparencia en la función pública y, además, con la rendición de cuentas que todo funcionario está obligado a realizar. Es importante destacar que en ninguna norma se excluye a los ministros de presentar informes de sus comisiones en el exterior, más aún si realizan esta actividad en su calidad de funcionarios remunerados.
Ahora bien, la situación en el interior del país es más preocupante. Cuando solicitamos información sobre gastos de caja chica en los gobiernos regionales, servidores de estas instituciones nos llamaron para preguntar el “porqué” y “para qué” queríamos acceder a esa información, casi coaccionando nuestro derecho. Ningún ciudadano está obligado a motivar su solicitud, de acuerdo con la ley.
En general, estas acciones y respuestas de los entes públicos no solo van en contra de los principios de publicidad y accesibilidad, sino que también demuestran el poco interés en velar por la transparencia en el país. Tal es así que el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública declaró fundados 169 de 177 recursos de apelación presentados por Centro Liber, lo que evidencia que los organismos niegan el acceso a la información sin ningún motivo justificado.
En consecuencia, se deben establecer estándares y mejores prácticas para la promoción de la transparencia y del derecho de acceso a la información en el país si a lo que se aspira es a tener instituciones públicas como verdaderas casas de cristal.
