Norma Correa Aste

El Perú es un país pluricultural y multilingüe. De acuerdo con el último Censo Nacional (2017), la población que se autoidentifica como perteneciente a un pueblo indígena u originario de los Andes ascendió a 5′771.885 personas, equivalente al 24,9% de la población censada de 12 y más años. Las mayores concentraciones de población indígena u originaria se encuentran en Lima, Puno, Cusco, Ayacucho, Arequipa y Junín. Asimismo, la población afroperuana censada es de 828.894 personas (INEI 2018). El Perú cuenta con 55 pueblos indígenas u originarios, 51 de los cuales son amazónicos y cuatro andinos (BDPI 2022).

A lo largo de nuestra historia republicana, las políticas públicas han enfrentado desafíos para responder a la diversidad étnico-cultural, ya sea para garantizar el acceso a derechos como para atender adecuadamente las necesidades y potencialidades de los contextos de implementación (rural andino vs. rural amazónico, ámbitos urbanos, etc). En el transcurso de este milenio, la fue incorporada como un enfoque transversal de la gestión pública peruana, como parte del proceso de reforma y modernización del Estado. La aplicación de la interculturalidad en la gestión pública ha sido definida en documentos oficiales como un proceso de adaptación (normativo, administrativo y de servicio civil) de las instituciones públicas para atender las necesidades de los grupos étnico-culturales, lo que es relevante para diversos ámbitos de la acción estatal: educación, salud, lucha contra la discriminación y racismo, programas sociales, medio ambiente, etc. Sin embargo, la implementación de lo establecido “en papel” en la realidad ha sido limitada, quedando pendiente la mejora de la oferta y la calidad de los servicios y programas públicos dirigidos a pueblos indígenas y población afroperuana.

En su discurso inaugural del 28 de julio del 2021, el presidente Pedro Castillo hizo un llamado a “interculturalizar el Estado” y señaló que uno de los desafíos pendientes de la República es el reconocimiento de la diversidad cultural en la formulación de . Estos anuncios generaron expectativa. Un año después: ¿hubo mejoras? ¿El discurso se tradujo en la realidad? Lamentablemente, el balance es negativo. Más allá de los anuncios, las decisiones de política pública vinculadas a la agenda intercultural reflejan inercia y varios retrocesos.

El Ministerio de Cultura, ente rector en materia de patrimonio, interculturalidad y diversidad, ha sido debilitado en su liderazgo técnico, el cual es indispensable para que otros sectores y niveles de gobierno implementen mejoras en servicios y programas públicos. La acción pública del ministro Alejandro Salas está más orientada a la defensa política del Gobierno que a garantizar soluciones a problemáticas urgentes en las que el sector Cultura tiene responsabilidad funcional. Brindaré dos ejemplos que necesitan respuestas urgentes y para los que se requiere un mayor liderazgo del sector Cultura. Primero, el acentuado avance de las actividades ilegales en la Amazonía ha desatado una ola de asesinatos de líderes indígenas e incrementado la inseguridad territorial. Estos crímenes suelen quedar impunes y las comunidades se encuentran desprotegidas frente al avance del narcotráfico, la tala y la minería ilegal, y la trata de personas. Segundo, la pandemia, el incremento de la pobreza, el prolongado cierre de instituciones educativas y la crisis alimentaria han generado impactos específicos en la población indígena y afroperuana. Si no se garantizan buenas respuestas de política pública multisectoriales y con la participación de actores locales, los impactos temporales pueden volverse permanentes.

El anuncio de “interculturalizar el Estado” corre el riesgo de quedar solo en palabras si no se logra mejorar la capacidad estatal para brindar servicios públicos diferenciados con calidad, eficiencia y pertinencia. La interculturalidad constituye una de las principales oportunidades de innovación para las políticas públicas peruanas y puede contribuir con la generación de oportunidades para transformar la estructura de desigualdades que afectan a los pueblos indígenas y a la población afroperuana. Avanzar en esta ruta requiere rigor técnico para la formulación e implementación de políticas, trabajo colaborativo con las organizaciones representativas, articulación efectiva entre instituciones públicas y transparencia para evitar la manipulación política.

Norma Correa Aste es profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú

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