Irresponsables, por Federico Salazar

La última crisis política ha tenido un costo enorme para el país. No se ha terminado, a pesar de todas las medidas, los acuerdos y concesiones.

El peor saldo de los paros y manifestaciones en contra del Gobierno es el de cinco fallecidos. Cinco personas muertas.

Las paralizaciones, además, tienen un costo económico. Lo ha tenido, también, la absurda e insensata inmovilización social decretada por el propio Gobierno para el 5 de abril.

Las medidas económicas adoptadas por el Gobierno no van a surtir efecto.

La reducción del Impuesto Selectivo al Consumo a la gasolina pronto pasará desapercibida. Habrá nuevos impactos en el precio internacional del petróleo. Eso presionará los precios al alza, a lo que habrá que agregar el costo fiscal.

La exoneración del Impuesto General a las Ventas apenas se trasladará a los precios de venta al público. Muchos de los productos exonerados, por culpa del Congreso, no tienen mucho que ver con la economía popular: carne de cerdo y ovina, lasañas y ravioles, codornices y avestruces.

El conflicto bélico en Europa no se va a acabar. La guerra misma y también las sanciones económicas contra Rusia tienen un costo que se traslada a los precios internacionales.

El Gobierno trata de sobrevivir concediendo acuerdos con transportistas, agricultores, ganaderos y otros grupos.

El caso de la leche evaporada revela cómo concibe el Gobierno el problema económico. Ha decretado que para la leche evaporada se use solo leche fresca.

Se busca beneficiar a los ganaderos, pero se descuida el impacto que eso tendrá en los precios. La oferta actual de leche fresca cubre poco más del 70% del mercado. Al cerrarse la posibilidad del insumo en polvo, subirá artificialmente el costo de la leche evaporada.

Para el Gobierno los problemas se resuelven con tratos políticos con los grupos de interés. Ha sucedido así, por ejemplo, con los taxis colectivos y las multas condonadas.

Creer que la crisis ha terminado es demasiado ingenuo. Estos pactos y arreglos solo conducirán a nuevas crisis. Mientras no se vean los propios errores, nada se resolverá.

El gobierno del presidente Pedro Castillo ha impedido su propio funcionamiento. Ha nombrado, sistemáticamente, a personajes cuestionados y no idóneos.

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, achaca esa incapacidad a los gobiernos anteriores. Así lo dijo en el Consejo de Ministros realizado en Puno.

“No permitamos más –arengó Torres– ese desprecio de las clases que nos gobernaron, que esa gente de la más inepta que nos gobernó y nos dejó un Perú en la ruina sean considerados los más capaces”.

“El pueblo, agregó, considera que esas personas que tienen ese complejo de superioridad son personas asquerosas, despreciables, que han arruinado a nuestra patria” (“La República”, 9/4/22, p. 4).

Castillo, por su parte, dijo que se hubiera avanzado más en obras “si en estos meses no nos hubiésemos entretenido en enfrentamientos y confrontaciones inútiles”.

En ocho meses este gobierno ha tenido cuatro gabinetes. Es un promedio de un gabinete cada dos meses. La inestabilidad y la falta de eficacia gubernamental vienen de ahí.

La responsabilidad no es de los gobiernos anteriores. Tampoco lo es de una oposición desarticulada e incompetente.

La responsabilidad es del presidente Castillo y su gobierno. Ellos están a cargo, nadie más.