Lo excesivo y lo insuficiente

Jaime Villanueva, el ‘Filósofo’, ha pasado de ser solo un aspirante a colaborador eficaz en el caso contra la fiscal Patricia Benavides, a divulgador de la biografía de su largo y turbio paso por el Ministerio Público. No sabemos cuánto de lo que dice es verdad y cada quien usa las partes más tóxicas para sus adversarios, obviando las otras.

La situación para el Ministerio Público era muy complicada antes de sus dichos. Hay demasiados personajes con mucho poder que enfrentan procesos por acusaciones fiscales, como para que muchos de ellos no queden enredados –y hasta embarrados– por los múltiples intereses en conflicto.

Empecemos por los presidentes. Alejandro Toledo y Ollanta Humala ya están en juicio oral. El primer juicio de Pedro Castillo está próximo a iniciarse. En similar condición está Martín Vizcarra, hasta el momento por los casos de Moquegua. Además, empieza el juicio oral de Keiko Fujimori, la persona sin cargo público con más poder del país. Problemas en fiscalía también tienen el primer ministro, el presidente del Congreso y una notoria mayoría de congresistas.

En este ya inflamable ambiente político/judicial, los inagotables dichos de Villanueva incendian la escena pública.

Para mí, el más explosivo es el que sostiene que Dina Boluarte mantenía un vínculo secreto y directo con la fiscal Benavides para influir en sus casos. En particular en el de Los Dinámicos del Centro. Esa afirmación renueva lo publicado por El Comercio un mes antes de que estallara el caso Benavides: “Debilitan fiscalía que investiga a presidenta Boluarte y a prófugo Vladimir Cerrón por lavado de activos”. Y sigue: “El área administrativa del Ministerio Público impide que 14 profesionales sigan apoyando en las pesquisas de los casos emblemáticos que realiza el fiscal Richard Rojas”. Al ser preguntada, la presidenta no desmintió lo dicho por Villanueva.

Otros tres dichos muy impactantes fueron que hubo un complot en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para hacer un fraude a favor de Castillo en el que participó el fiscal Rafael Vela. Además, declaró que Keiko Fujimori pidió a Benavides la cabeza de Vela y el verdugo fue el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Fernández Jerí. Por último, afirmó que el magistrado de la JNJ, Guillermo Thornberry, pasaba información de los procesos disciplinarios contra Benavides, vía Hernán Garrido-Lecca, a quien el ‘Filósofo’ apodaba el ‘Africano’.

Esta recatafila de acusaciones y su impacto político tienen para rato. Entre tanto, pasemos de lo excesivo a lo insuficiente. Me refiero a los cambios en el Gabinete.

Con un 8% en la última encuesta de Datum, Alberto Otárola parecía bolo fijo para irse. Pero compartiendo con ella el mismo dígito, quizás los une lo de “en el 8%, hermanos” o “mal contigo, peor sin ti”. Su continuidad ratifica quién realmente corta el jamón en Palacio.

La salida del exministro de Economía Alex Contreras estaba cantada, y su reemplazo ha sido bien recibido. Más importante aún ha sido el nombramiento de Rómulo Mucho en Energía y Minas. A nivel minero –lo suyo–, sus primeras declaraciones han incidido en la urgencia de que se dé luz verde a Tía María. Los problemas de agua que argumentaban los opositores han sido superados, dado que se utilizará agua de mar desalinizada. Tía María podría convertirse en un hito para el urgente relanzamiento de la inversión minera.

Al nuevo ministro de Defensa le toca encabezar el estado de emergencia en Pataz. Dado que la minería ilegal es un delito por necesidad visible, el despliegue militar lo puede contener si hay presencia significativa en el terreno. Lo complicado: la sostenibilidad posterior.

Finalmente, la decisión de mantener al ministro del Interior fue una total sorpresa, dado lo desgastado que se encuentra. Ahora ratificado en el cargo, Víctor Torres tendrá que asumir el liderazgo del estado de emergencia en Trujillo, donde el tipo de delitos que enfrenta son “invisibles” y requieren más bien de investigación e inteligencia muy reforzadas. Fracasarán como en Lima si no lo han previsto así. Se repetirá la historia y le chantarán a la Policía Nacional del Perú la responsabilidad, siendo –más bien– la de un gobierno que persiste en el error.