Quienes encabezan la fiscalía y el Poder Judicial tienen que saber que lo peor que les puede pasar en el ejercicio de sus funciones es estar colgados en la pared, como inmóviles retratos institucionales.
O, según los casos, colgados de la brocha, como pintores a quienes les han quitado las escaleras.
Entendemos que ambas autoridades deben y tienen que respetar la independencia y la autonomía jurisdiccional de jueces y fiscales. No tienen que entrometerse en los casos que estos manejan. Pero su misión fundamental consiste en vigilar y supervisar que jueces y fiscales no se aparten de la Constitución, de la ley y de sus propios códigos especializados.
Con solo dedicarle tiempo y energía a esta única misión, Javier Arévalo y Juan Carlos Villena podrían poner en vereda (es decir, en Estado de derecho) a tantos jueces y fiscales que precisamente violentan el Estado de derecho, inclusive contribuyendo dinámicamente a la impunidad.
Tal parece, sin embargo, que ambos altos funcionarios de la justicia y la fiscalía ignoran lo que pasa en su propio entorno, o un poco más abajo de sus despachos y en niveles de subordinación y de competencia especializada, como el Eficcop o las investigaciones de lavado de activos, en el Ministerio Público en el que los cotos de caza y la ruptura de jerarquías han ganado terreno a la probidad, imparcialidad, eficiencia y reserva de las detenciones y procesos, al punto de que tenemos una bien montada justicia del espectáculo con exhibición cotidiana de héroes y villanos, de ganadores y perdedores, de escasos aciertos y abundancia de equivocaciones.
En esta justicia del espectáculo, periodistas y medios nos vemos a veces envueltos (valga la autocrítica) en el uso y abuso de las filtraciones fiscales y judiciales sin las verificaciones de rigor. Contribuimos a ser cajas de resonancia de acusaciones sin fundamentos y sentencias sin procesos, no importa cuántas reputaciones podamos dañar. Olvidamos que el poder de informar reside en el ciudadano más que en nosotros.
Bien por los jueces que no se prestan a la manipulación ni al figuretismo ni a la transacción. Bien por los fiscales que no tienen como norma que los detenidos y acusados tengan que probar primero su inocencia en el Ministerio Público antes de pasar a los jueces que deberán precisamente declararlos judicialmente inocentes o culpables.
Hay, pues, jueces y jueces, fiscales y fiscales. Los jueces no están para ser elegidos o recusados porque sí, según intereses y conveniencias de parte. Tampoco los fiscales para hacer el temerario papel de policías políticos.
Si los señores Arévalo y Villena no saben lo que tienen que hacer para devolverle a la fiscalía y al Poder Judicial el respeto y la confianza que merecen, debieran ser claros consigo mismos y con las instituciones que representan. Se quedan o se van.