Caballos de Troya

La estratagema del caballo de Troya que usaron los griegos para introducirse entre los fortificados muros de este antiguo reino y destruirlo la vemos reflejada y multiplicada en algunos poderes e instituciones del Estado.

Para el caso, como realidad y como metáfora, no tendríamos que hablar de un caballo de Troya en particular, sino de caballos de Troya aquí y allá, que responden al arte político del engaño, con fines, medios y consecuencias realmente destructivos.

Uno de los presentes griegos más visibles lo encontramos, por ejemplo, en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), usada por el expresidente Martín Vizcarra para reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). El fin último no perseguía solo investigar y judicializar a miembros de este organismo acusados de presuntos delitos de corrupción, sino disponer de otro nuevo ad hoc a los intereses gubernamentales del momento en la evaluación, nombramiento y sanción de jueces y fiscales.

Para una personalidad como la de Martín Vizcarra, que entonces mantenía ocultas algunas carpetas fiscales suyas que le habían sido archivadas y por transparentarse otras que se pondrían años después en la vitrina pública, la JNJ, creada y fortalecida bajo su influencia, sumaba un poder más a los que ya concentraba en sus manos para ir contra sus adversarios.

Como de la politización de la JNJ a la politización del Ministerio Público mediaba apenas un paso, la destitución del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, funcionaría como caballo de Troya estratégico. Así sobrevendría la entronización de los magistrados Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, a cargo de procesos contra líderes y partidos políticos en los que la investigación fiscal y la persecución política aún se confunden a medida que se extienden infinitamente los plazos.

Fruto de esa politización que ha conducido a la JNJ y al Ministerio Público a entrar en guerra con el Congreso –desconociendo y desacatando los claros mandatos constitucionales de este– es el reciente llamado de la Junta de Fiscales Supremos a “la ciudadanía” y a las “instituciones” del país a sumarse a “la defensa” de “la democracia” y “del Estado de derecho [...] que se pretende socavar”.

Lo que no nos precisa ese llamamiento político de los señores fiscales es qué es lo que en términos legales y constitucionales “se pretende socavar”.

Entretanto, no faltan caballos de Troya listos para atravesar las descuidadas vallas del JNE.

La inscripción y la elección de Pedro Castillo abrieron el camino para que se pretendiera violentar por dentro el sistema constitucional. La inscripción y carrera electoral de Antauro Humala y su partido persiguen lo mismo. Y ya ronda detrás el sindicato de Castillo, disfrazado de partido, para nuevamente poner en vilo a la democracia, que Jorge Luis Salas Arenas parece cuidar menos que su de por sí inexpugnable seguridad personal.