Pérez debe ser retirado

Siempre dijimos que las acusaciones contra políticos por donaciones de campaña eran una forma de persecución política porque dichas donaciones no eran delito, ni tampoco lavado de activos. El daño que José Domingo Pérez y Rafael Vela han ocasionado al Perú es inconmensurable, porque debilitaron gravemente a parte importante de la clase política abriéndole el camino a Pedro Castillo, algo de lo que hasta ahora no logramos recuperarnos.

Pero el caso de Ricardo Briceño es la expresión máxima de ese delirio. Allí ni siquiera hay elementos materiales que pudieran vincularlo con delito alguno. En el caso de los líderes políticos, por lo menos se pudo mostrar que hubo pitufeo, aunque esto no configurara lavado de activos. En el caso de Briceño no existe una sola prueba de nada. La propia acusación es absurda. Era evidente que la Confiep no había dado un centavo a la campaña de Keiko Fujimori y que los dineros que recaudó fueron para una campaña en defensa de la economía de mercado, pero Pérez acusó a Briceño hasta de defraudar a la Confiep falseando estados financieros y balances –algo negado por la propia Confiep–, a fin de usar los US$2 millones para “solventar” la campaña de Keiko o desarrollar una campaña en favor de ella y en contra de Ollanta Humala.

En ese momento ya la acusación se volvió abiertamente ideológica. Briceño lo explicó así en “Perú 21″: “Mire, yo he ido a defenderme de un juicio penal, pero me he enfrentado a un juicio ideológico... Él dice, por ejemplo, que yo organicé una campaña en favor de Keiko Fujimori para crear zozobra, atemorizar a la población, torcer la voluntad popular para favorecer a Keiko Fujimori contra lo que yo consideraba un candidato chavista. Eso dice la acusación. Eso es ideología pura. ¿Qué tiene que ver eso con el lavado de activos? ¿Cómo me defiendo de un tema ideológico? Porque al señor no le gusta la señora Fujimori y le gusta el señor Humala pide 11 años y cuatro meses de cárcel para mí. Que él tenga una preferencia política está bien, pero no por eso tiene que meter a la cárcel a los que no comulgan con sus ideas políticas”.

Y, efectivamente, durante tres días Pérez interrogó a Briceño con preguntas que no tenían nada que ver con los delitos imputados y sin ofrecer prueba alguna. Briceño lo puso en evidencia y demostró que la acusación era puramente ideológica, política. Pérez no reaccionó. La injusticia es tan clara que debería retirar la acusación. O los jueces deben absolverlo sin esperar diez años a que culmine el juicio.

La democracia no puede tolerar un juicio puramente político. El Ministerio Público debe retirar a José Domingo Pérez. Por lo demás, ya consiguió lo que se proponía: amedrentar, en la cabeza de Briceño, a los empresarios, para que no vuelvan a aportar a partidos políticos. Y castigar en la práctica a la Confiep por haberse atrevido a asumir, por primera vez, su rol de clase dirigente con una campaña pedagógica para explicar las virtudes del modelo de mercado. Lamentable.