El fiscal de la sanción

La crisis institucional, las guerras internas y la politización de la justicia han erosionado el prestigio que alguna vez tuvo el Ministerio Público. La percepción de doble rasero en el manejo de las investigaciones de los casos políticos se incrementa. El uso de las indagaciones como arma de revanchismo empieza a pasar la factura a la entidad. Fiscales supremos que deberían apuntar hacia el objetivo común de la persecución del delito se dividen en bandos. El resultado de las pugnas detrás de las que se ocultan los apetitos personales es el caos que hoy impera. Las voces que plantean reformas y una recomposición urgente crecen y empiezan a tener eco.

Dos fiscales supremas tuvieron distintos destinos en los últimos días: Patricia Benavides, investigada por dirigir una presunta organización criminal, fue destituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la cuestionada Zoraida Ávalos fue repuesta por el Poder Judicial. A la vorágine en la incompleta Junta de Fiscales Supremos se sumó esta semana la decisión de la JNJ de suspender por 120 días a Pablo Sánchez, ex fiscal de la Nación al igual que Benavides y Ávalos. Al sancionado magistrado se le imputa haber cometido una infracción grave por percibir tres remuneraciones en simultáneo.

La salida temporal de Sánchez deja solo tres fiscales supremos en funciones: Ávalos, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y Delia Espinoza. Villena ha sido ratificado como interino hasta que la JNJ evalúe la apelación de Benavides contra su destitución. Pero este será un mero trámite y no tomará mucho tiempo. Luego de eso, los tres supremos que quedan deberán elegir al nuevo fiscal de la Nación para los próximos tres años. Sea quien sea el designado, es poco probable que logre revertir la crisis de desprestigio de la institución. Las iniciativas de reforma radical, algunas razonables y otras no tanto, se incrementarán en los próximos meses. Ese será el legado que dejará esta etapa de investigaciones interminables sin sentencia.