¿Se judicializa la política?, por Raúl Ferrero

Salvo alguna excepción que confirma la regla, casi todos los posibles candidatos presidenciales que hasta ahora destacan más tienen algún problema con investigaciones abiertas, ya sea a nivel fiscal, judicial, o ante alguna comisión investigadora del Congreso.

¿Esto quiere decir que se está abusando con la judicialización de la política o simplemente que para destacar en ella se tiene que caminar al borde mismo entre la legalidad y la ilegalidad? Nosotros pensamos que se trata de lo primero, debido a varios factores que es conveniente traer a colación.

En primer lugar, debemos reconocer que cualquiera que se interese en hacer política, aun más en estos tiempos, estará expuesto a un escrutinio severo de la prensa escrita, hablada o televisada. Hoy en día, los medios de comunicación están cada vez más al tanto de todo lo que ocurre, e inclusive influyen de manera creciente en las instancias administrativas y judiciales pertinentes, con sus propias investigaciones u opiniones, las que tienen cada vez más repercusiones.

A la fiscalización mediática se agrega la que realizan las otras fuerzas políticas que buscan magnificar los descuidos, errores o irregularidades de los adversarios, con la natural expectativa de aprovecharlos para su propio beneficio y así sacar ventajas que los favorezcan.

De otro lado, cada vez más existe una creciente influencia de las redes sociales, las que se han multiplicado a tal punto que los medios periodísticos, en especial la prensa escrita, vienen sufriendo las consecuencias, ya que las noticias recogidas hasta la noche anterior y publicadas al día siguiente pueden muy fácilmente ir perdiendo vigencia con lo ocurrido durante el día, al quedar desactualizadas con la nueva información que va apareciendo.

En todo caso, ahora que ya se comienzan a publicar las encuestas presidenciales del próximo año, cuya primera vuelta se realizará dentro de ocho meses, vemos cómo se reactivan los destapes, investigaciones fiscales, procesos judiciales o comisiones investigadoras del Congreso, relacionados con los candidatos de mayor opción, cosa que los adversarios políticos aprovechan para enfatizar los deméritos de sus rivales a fin de mellar sus imágenes públicas.  

La preocupación es que en las indagaciones que se realicen en los meses previos a las elecciones generales, se puedan distorsionar hechos o crear o reactivar comisiones investigadoras en el Congreso, o hasta hacer lo propio a nivel del Ministerio Público y el Poder Judicial.

Si bien las conclusiones de las comisiones investigadoras congresales no obligan a los órganos jurisdiccionales, cuentan con los mismos apremios del procedimiento judicial y pueden ser aprovechadas para movilizar a la prensa y generar noticias, ya que tienen la potestad para disponer el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria (excepto la información que afecte la intimidad).

Este riesgo de la judicialización del escenario político puede llevar a que el proceso electoral próximo sea grandemente influido por los procesos investigatorios que se abran, reabran, reactiven o intensifiquen, lo cual podría complicar el desarrollo eleccionario, más aun si entendemos que al investigado se le debe garantizar el derecho a un “debido proceso”, por lo que en el curso del mismo podrá interponer las acciones de garantías como el hábeas corpus, amparo, inconstitucionalidad y demás que aseguren que sus derechos constitucionales serán respetados.

Todo esto preocupa, ya que lo que se quiere es que las próximas elecciones se realicen dentro de un clima que permita a la ciudadanía poder escoger bien a quien le toque reemplazar al actual jefe del Estado, así como a los integrantes del Congreso, y que la vida política se regularice y se consolide una normalidad democrática que permita que el país avance.