No juguemos con fuego, por Gianfranco Castagnola

En la campaña electoral del 2011 los candidatos tomaron a la minería como ‘punching ball’ y, con gran entusiasmo populista, compitieron por los esloganes (“agua sí, minería no”) y las propuestas más radicales. Las consecuencias se han visto en estos años, en los que no se ha iniciado ningún proyecto importante, lo que está contribuyendo a la desaceleración del crecimiento. Ahora, es el Sistema Privado de Pensiones (SPP) el nuevo objeto de golpiza y propuestas oportunistas. Si permitimos que la demagogia y el desconocimiento predominen en el debate, las consecuencias pueden ser aun peores, tanto para los ciudadanos como para el fisco. Los ataques vienen desde diversos frentes.

Hay quienes cuestionan que el Estado afecte la libertad de las personas y las obligue a ahorrar para la tercera edad. Parten del supuesto de que la gente ahorra voluntariamente, lo que es verdad: lo hace en vivienda, educación de los hijos, emprendimientos de negocio y en dinero. Sin embargo, no es suficiente para financiar el período de inactividad laboral. El economista peruano David Tuesta, reconocido experto internacional en esta materia, cita estudios que estiman en diez años esa brecha. Por algo es que, desde que en la Prusia de 1881 se creó el primer sistema público de pensiones, la mayoría de países ha instaurado uno.

Otras críticas apuntan al bajo nivel de las pensiones que en promedio reciben los jubilados a las comisiones que cobran las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Por ello, se reclama una mayor intervención del Estado y hasta se cuestiona la existencia de un sistema de capitalización individual de fondos administrados por entidades privadas, con propuestas implícitas de retorno a un sistema universal de reparto manejado por el Estado.

Es indudable que el SPP tiene deficiencias que deben ser corregidas. El principal problema previsional del país, sin embargo, está más allá del SPP: la exigua cobertura de los sistemas y el bajo nivel de las cotizaciones de los trabajadores. Solo la cuarta parte de la PEA está afiliada a algún régimen y menos de la mitad cotiza de manera regular. Ampliar la cobertura y la densidad de las aportaciones no es cosa sencilla debido a la magnitud de la informalidad de nuestra economía. El Perú no es el único país que enfrenta esta situación. Hay experiencias internacionales de todo tipo que pueden servir para estudiar, debatir y adaptar.

Hay sistemas públicos, privados, mixtos, de reparto y de capitalización individual, con componentes obligatorios y voluntarios. Las grandes ventajas de los sistemas de capitalización individual consisten en que las pensiones guardan relación con el esfuerzo individual de ahorro y las reglas no dan lugar a presiones sobre el Estado usuales en los sistemas de reparto, que resultan en beneficios pensionarios insostenibles para la economía de un país. 

En Brasil, por ejemplo, grupos de presión han perforado el sistema y hoy el ciudadano promedio formal se jubila a los 54 años. Algunos grupos cobran varias pensiones que suman US$100 mil al año y en muchos casos las pensiones pueden ser heredadas por viudas e hijas. “The New York Times” llama “efecto Viagra” al fenómeno por el cual jubilados brasileños de 60 o 70 años se casan con mujeres muy jóvenes, quienes luego heredarán sus pensiones por toda su vida. Esta extrema generosidad le cuesta a su Estado 10 puntos del PBI.

Nuestro sistema de capitalización individual debe ser mantenido y perfeccionado. Además, debemos estudiar ideas sobre cómo reducir los costos para el afiliado, lo que implica reducir las barreras a la entrada de nuevos competidores e ideas que hagan más eficiente la administración del régimen, como tercerizar en una sola entidad el ‘back-office’ de todo el sistema. O ampliar las opciones para la aplicación de los fondos previsionales en el momento de la jubilación, evitando caer en propuestas como su disposición total. Estas restan consistencia al sistema y generan nuevos riesgos. En Australia, por ejemplo, el 25% de los jubilados gasta el total de su fondo antes de los 70 años y el 40% antes de los 75.

El mayor reto es, en realidad, qué hacer con ese 75% de la población informal ajena a todo sistema, que podría estar ahorrando de manera insuficiente para su vejez. Tuesta y otros investigadores concluyen, basados en evidencia empírica, que para fomentar el ahorro previsional, más eficaz que la obligatoriedad (impracticable en el Perú), es aplicar esquemas denominados ‘matching contributions’. Estos consisten en aportaciones condicionadas que el Estado puede hacer a las cuentas individuales de los afiliados. 

Otra forma de alentar el ahorro previsional es permitir a los afiliados gozar de algunos beneficios de sus ahorros con anticipación. Ideas como usar sus cuentas individuales para garantizar préstamos hipotecarios ameritan ser estudiadas. 

Reformar el sistema previsional no es un juego. Ayudaría mucho formar una comisión técnica que, recogiendo experiencia internacional y estudiando las características locales, presente una propuesta seria que sirva para fortalecer y no para destruir el ahorro de los peruanos.