¿Justicia mediática?, por José Ugaz

En medio de la conmoción nacional que ha causado el Caso Lava Jato y sus secuelas –particularmente las investigaciones penales seguidas contra ex presidentes, altos funcionarios de Estado, políticos y empresarios emblemáticos–, han surgido voces alarmadas que pretenden descalificar a jueces y fiscales anticorrupción sosteniendo que son parte de una comparsa a la que denominan “justicia mediática”.

Sugieren, con este concepto, que se trataría de fiscales y jueces que toman decisiones procesales para contentar a la tribuna y mantener un ráting que los ha convertido en figuras populares. A tal punto que hoy, cual protagonistas de los ‘reality shows’ “Esto es guerra” o “Combate”, se les reconoce por sus nombres completos (José Domingo Pérez y Richard Concepción Carhuancho, entre otros) y tienen miles de seguidores que arman campañas en redes sociales en su defensa.

Desde esa orilla, y en aras del garantismo penal, se afirma que los justicieros mediáticos abusan de la prisión preventiva –a la que consideran violatoria de la presunción de inocencia–, cuando los imputados por corrupción podrían enfrentar sus procesos en libertad o, en el peor de los casos, retenidos en sus domicilios.

Quienes así opinan, olvidan que la detención preliminar es una medida asegurativa que existe en todos los sistemas democráticos del mundo como una excepción a la presunción de inocencia y por estrictas razones de necesidad: evitar la fuga del procesado o impedir que entorpezca el proceso. Lamentablemente, los requisitos para dictarla implican una dosis de subjetividad que descansa en el llamado “criterio de conciencia” del juez que la ordena.Esencialmente, se basa en una apreciación de suficiencia de indicios que vincularían al investigado con la comisión de un delito, y en un pronóstico (predecir algo futuro a partir de indicios) de la existencia del llamado peligro procesal.

Siendo una decisión con tan alta dosis de subjetividad, corresponde al mundo mental del juez. Es su valoración. Uno puede concordar o discrepar de ella, pero, salvo que sea groseramente arbitraria e ilegal, no la puede tildar de sesgada ni abusiva. Si el juez no convence, será corregido por la instancia superior.

Pero interesa ahora analizar el concepto de “justicia mediática”. Quienes usan el término para descalificar a jueces y fiscales pretenden que estos decidan sus casos en cuartos oscuros, en la soledad de sus despachos, desconectados de la opinión pública.

Discrepamos radicalmente de esta concepción de la justicia. La idea del juez como ser superior dislocado de la gente (muy común en la literatura crítica de Arguedas, Alegría y Escorza), no se condice con una justicia transparente y democrática. Por eso, el derecho penal moderno ha consagrado la publicidad de los juicios como una garantía. Si se conjugan monopolio del poder con falta de rendición de cuentas –es decir, oscurantismo y opacidad en la toma de decisiones–, se aseguran fallos arbitrarios y corruptos.

Por el contrario, las decisiones de los operadores de justicia no solo deben ser transparentes, sino publicitadas y explicadas en lenguaje simple para ser entendidas por el ciudadano de a pie.

¿Es malo que jueces y fiscales sean protagonistas de la noticia? Ciertamente no. ¿Alguien puede dudar del valor pedagógico que importó ver televisado en tiempo real el juicio a Alberto Fujimori? Es altamente positivo que el canal televisivo del Poder Judicial se haya popularizado y hoy sea seguido por miles. El valor que aporta la transparencia de ver a un fiscal o un juez razonando y justificando sus decisiones ante las cámaras es irreemplazable.

En la medida que las decisiones judiciales en casos relevantes de corrupción impactan significativamente en la vida diaria de la población, con frecuencia los decisores se convierten en protagonistas de la noticia y, muchas veces, en ídolos populares. La magistrada suprema norteamericana Ruth Bader Ginsburg es un buen ejemplo. Es considerada casi una rock star por los juicios que emite y la defensa pública que hace de ellos, incluso en programas de televisión o redes sociales. La notoriedad de Eva Joly, la jueza francesa que procesó el escándalo de ELF, o de Baltasar Garzón en España y Sergio Moro en Brasil, son prueba de que la presencia mediática no es incompatible, y sí más bien deseable, cuando de decisiones judiciales relevantes se trata.

Un fiscal mediático que viene conduciendo con acierto la coordinación del equipo fiscal anticorrupción es el Dr. Rafael Vela, quien ha defendido con pasión las decisiones de su grupo. Hoy el cuestionado fiscal de la Nación amenaza con retirarlo del puesto porque incomoda a sus aliados escuderos sometidos a investigación. De concretarse este intento, se le daría un duro golpe al proceso anticorrupción.

No en vano la “Fuerza de Tarea” fiscal del Caso Lava Jato en Brasil, ha emitido un comunicado en respaldo de Vela, solicitando que se le brinde seguridad en el cargo, y reiterando “su confianza en el excelente trabajo desempeñado por Rafael Vela y el Equipo Especial de Investigación… que ha sido esencial para viabilizar la producción de pruebas a favor de las investigaciones peruanas”.

Un buen ejemplo de la justicia mediática que esperamos continúe por el bien de nuestro país.