La caída del apoyo a la democracia, por Andrés Oppenheimer

Una nueva encuesta latinoamericana, que será publicada el 15 de octubre, debería hacer sonar las alarmas en la región: el apoyo a la democracia está en sus niveles más bajos desde que se inició esta medición hace 15 años.

La encuesta Barómetro de las Américas muestra que solo el 57,7% de los latinoamericanos apoya la democracia, en comparación con el 67,6% del 2004, según una versión preliminar de la encuesta realizada por el Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana (Lapop) de la Universidad de Vanderbilt.

Los países que muestran más apoyo a la democracia son Uruguay, Costa Rica y Argentina, seguidos de Chile y México.

En el otro extremo de la lista, uno de los países en donde existe el menor apoyo a las instituciones democráticas es el Perú, que atraviesa su peor crisis política en tres décadas. La encuesta se realizó en 20 países, con más de 31.000 entrevistas, entre finales del 2018 y principios del 2019.

El 30 de setiembre, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, y el Congreso controlado por la oposición se declararon mutuamente destituidos, dejando al país por unas horas con dos presidentes: Vizcarra y su vicepresidenta Mercedes Araoz.

La crisis se resolvió temporalmente –se pateó para adelante– cuando Araoz renunció después de que el Ejército se pusiera del lado de Vizcarra. Ahora, se espera que el Perú celebre elecciones legislativas en enero para elegir un nuevo Congreso que duraría hasta las nuevas elecciones previstas para el 2021.

Según la encuesta de Lapop, solo el 41,8% de los peruanos confía en las instituciones democráticas, y solo el 28% dice que está satisfecho con la democracia. Además, casi el 59% de los peruanos dijo que apoyaría un golpe de Estado inconstitucional contra el Congreso.

La profesora de ciencias políticas de la Universidad de Vanderbilt y directora de la encuesta de Lapop, Elizabeth J. Zechmeister, me dijo que “los datos de la encuesta bien podrían explicar por qué es probable que Vizcarra logre capear esta tormenta política”. Agregó que “el apoyo público al Congreso era muy bajo”.

Paradójicamente, el Perú ha sido una de las mayores historias de éxito económico de América Latina en las últimas décadas. El país ha crecido y reducido la pobreza de manera constante más que la mayoría de los países latinoamericanos. Y a pesar de una reciente desaceleración, sigue creciendo más que el promedio de la región.

Pero el sistema político peruano se ha visto sacudido por el escándalo de corrupción de Odebrecht como ningún otro país.

Las investigaciones sobre los cientos de millones de dólares pagados por la constructora brasileña han resultado en cargos contra los expresidentes Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, así como contra la lideresa opositora Keiko Fujimori.

Los cargos también llevaron al reciente suicidio del expresidente Alan García. Prácticamente todos los expresidentes vivos del Perú están en la cárcel o haciendo frente a cargos.

Durante una visita reciente al Perú, me encontré con sentimientos encontrados sobre este récord.

Por un lado, puede verse como un triunfo de la justicia en una región donde la mayoría de los expresidentes disfrutan de una impunidad vitalicia. Por el otro, algunos de ellos han sido encarcelados sin sentencia, bajo reglas que permiten encarcelar a sospechosos antes de ser declarados culpables, para evitar que huyan del país.

Es difícil saber si los jueces peruanos han hecho lo correcto, o si han sobreactuado, creando sin quererlo un peligroso clima de desconfianza hacia todos los políticos, y hacia la democracia misma.

Pero lo preocupante de la crisis del Perú, y de que solo el 28% de los peruanos esté satisfechos con la democracia, es que son indicios de que el país podría ser terreno fértil para un candidato populista autoritario.

–Glosado y editado–

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