La cárcel para Vizcarra, por Federico Salazar

El fiscal Germán Juárez Atoche ha pedido prisión preventiva para Martín Vizcarra, expresidente de la República. El caso se refiere a los sobornos que este habría recibido de empresas constructoras cuando era gobernador regional.

Los testimonios, los ‘whatsapps’ y correos electrónicos de muchos involucrados hacen una inmejorable colección de elementos de convicción sobre la culpabilidad.

A pesar de eso, y aunque aún no conocemos el documento, no tendría que aprobarse esta medida contra Martín Vizcarra. Sí creo que se le debe enjuiciar por estos delitos y creo que ahí tendría que ser sentenciado.

La prisión preventiva se ha convertido en una especie de sentencia anticipada. Trata –quizá– de compensar la tardanza que hace que la justicia incumpla su misión sancionadora.

No hay que confundir, sin embargo, lo que “debería ser” con lo que “debe ser”. Lo que “debe ser” es la ley, la ley estricta. Si sustituimos la ley con lo que uno u otro cree que “debería ser”, destruimos la ley.

Los delincuentes no merecen que, en su nombre, destruyamos la ley.

Tengo la peor opinión de Martín Vizcarra. Ha demostrado ser mentiroso, irresponsable y manipulador. Me inclino a pensar que es culpable del delito imputado.

Se puede seguir su carrera de aprovechamiento ilícito del poder a través del libro de Carlos Paredes (“El Perfil del Lagarto. Radiografía de un político con sangre fría”. Planeta, 2021).

Algunos de sus casos: el túnel Jachacuesta, la represa Chirimayuni, el proyecto Lomas de Ilo, el hospital de Moquegua y las tierras de Estuquiña.

En el caso Estuquiña, compró a precio irrisorio 60 hectáreas que se convirtieron en 131, en un proceso fraudulento. Después, vendió ilegalmente tierras agrícolas para uso inmobiliario, entre decenas de otras perlas.

La vida pública de Vizcarra es un sorprendente rosario de aprovechamientos ilegales, manipulaciones y mentiras.

Ante el pedido de prisión preventiva, Vizcarra ha salido a defenderse con más mentiras. Dice que es parte de una “persecución política”.

El expresidente sostiene que el Poder Judicial se suma a esta conspiración. Serían socios en ella “el aprismo y el fujimorismo” (por él haber cerrado el Congreso).

La Fiscalía, sostiene el imputado, “intervino políticamente”: filtró información a la prensa (los ‘whatsapps’ de los testigos del soborno). Los medios, agrega, jugaron en pared con el Congreso actual para producir su vacancia por incapacidad moral permanente.

Vizcarra miente sobre la supuesta filtración de información de su caso. Graciela Villasís ha contado cómo se hizo la investigación periodística, antes de los ‘whatsapps’ (“Historia de una investigación: ¿Cómo se elaboraron los informes del Caso Vizcarra?” El Comercio, 6.12.20). La mentira de Vizcarra sobre “filtración” se cae a pedazos.

La versión de una conspiración entre la fiscalía, el Jurado Electoral Especial, el anterior Congreso, la prensa y el actual Congreso es, por supuesto, delirante.

Todo sería una “venganza”. Según Vizcarra, el fiscal quiere afectar su candidatura y sacar “algunos titulares en medios de comunicación”.

“El pueblo el 11 de abril nos va a dar la respuesta”, concluye Vizcarra en su defensa. Revela con ello que no tiene otro argumento frente a las acusaciones. “Como soy popular, soy inocente”: esta es la sofisticada racionalidad de su defensa.

Vizcarra quizá no amerite preventiva, pero debe ser juzgado por delitos que sí ameritan carcelería.