La chacra del ministro, por Federico Salazar

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pretendió excluir de la publicidad estatal al Grupo El Comercio. Así lo denunció la exsecretaria de comunicaciones de la PCM.

El ministro señala que la señora Ximena Pinto le dijo que iba a contratar con El Comercio y América Televisión una campaña publicitaria sobre el retorno a clases. Él señala que insistió en que “la mayor inversión” debía hacerse en medios del Estado y tomando en cuenta a los medios regionales y locales.

Esta versión de Aníbal Torres no coincide con la de Pinto. “Señora, no le va a dar nada al Grupo Comercio, no le tiene que dar nada a ese grupo, todo el día habla mal de nosotros, todo el día nos desprestigia, ¿me ha entendido?”, dijo el ministro, según Pinto (”Perú21″, 25/2/22, p. 2).

La exfuncionaria ha tenido que dejar el cargo por oponerse a esta directiva del ministro. Ella no aceptó el argumento de “esta prensa nos maltrata, nos golpea” ni la orden “simplemente no le dé ningún centavo”.

Aníbal Torres pretende que los fondos públicos se usen en beneficiar a los medios que no disienten del Gobierno. No en aquellos que tienen alcance para las campañas de difusión.

Esta es una forma de robarle al público, reduciendo la eficacia que debe tener la inversión publicitaria. Atenta contra la libertad de informarse de la ciudadanía y contra el uso legal de los fondos públicos.

Aníbal Torres se defiende citando la ley 28874, que regula la publicidad estatal. Cita el artículo 7, que se refiere a la contratación de servicios publicitarios.

Las “entidades y dependencias –dice– solo darán preferencia a los medios oficiales respecto de los medios de comunicación privados, si éstos acreditan debidamente sus condiciones de servicio, calidad, costo de mercado y cobertura”.

La ley no señala una preferencia de oficio, sino una excepcional y condicional. Esa excepción solo se da cuando se acreditan condiciones de mayor eficacia comunicacional.

Para Aníbal Torres, el canal del Estado cubre todas las expectativas, y por eso habría que darle preferencia. Es falso. La ley no obliga a dar preferencia a los medios estatales, como cree el señor Torres.

La ley dice lo contrario a lo que quiere hacer el ministro. La ley exige la justificación técnica sobre la eficacia comunicacional.

Debe haber una “Propuesta y justificación técnica de la selección de medios de difusión de acuerdo con el público objetivo y la finalidad que se quiere lograr, la cobertura, duración de la campaña, equilibrio informativo e impacto de los mismos” (Art. 3.c).

También indica: “Deberá sustentarse técnicamente la razón por la que una determinada entidad o dependencia eligió a determinados medios de manera preferente, para no dar lugar a situaciones que privilegien injustificadamente a empresas periodísticas determinadas”.

El sustento técnico lo da una central de medios. Darle publicidad a un medio en contra de los criterios técnicos es quebrar la ley.

Lo que quiere hacer Aníbal Torres es torcer este orden legal para manejar los fondos públicos como su chacra. Quiere castigar a la prensa crítica del Gobierno con dinero de los fondos públicos y en contra de la ley.

Lo que quiere hacer el ministro Torres es ilegal e indebido. No se lo debemos permitir.