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El presidente Pedro Castillo quiere parar las investigaciones sobre corrupción. Las investigaciones apuntan a su propia responsabilidad como líder de una organización criminal.
El Gobierno ha solicitado tutela de derechos. Busca anular todo lo avanzado en la investigación fiscal sobre el presidente Castillo.
La figura del presidente de la República está bastante protegida en la Constitución. El Congreso es determinante para que proceda una acusación sobre él.
Se trata, siempre, de decisiones políticas, de cuenta de votos. La Constitución no previó, por supuesto, que los votos pudieran transarse.
Hay indicios y declaraciones sobre la eventual compra de votos en el Congreso. Congresistas de distintas bancadas visitaban al presidente o al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, hoy fugado.
Hay declaraciones, también, sobre el supuesto pago de US$3.500 a algunos congresistas. Se habría pagado por cada voto en cada caso. No sería algo sorprendente ni único en nuestra historia política reciente.
Se puede corromper a algunos de los que toman decisiones. Se bloquea, así también, la continuación de los procesos sobre corrupción en el Gobierno.
El presidente ha sido acusado de traición a la patria. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado acusarlo ante la Comisión Permanente. Si se aprueban el juicio y antejuicio políticos, la decisión pasaría al pleno.
Hablemos de hipótesis, pero seamos francos. Si existe, la compraventa de votos se puede dar en cualquier instancia y en cualquier momento.
La defensa del Gobierno es desesperada. Pidió ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que se anule todo lo investigado sobre el caso de Petro-Perú.
Los abogados de Castillo quisieron que el TC interprete la Constitución, como un asesor de parte. Querían respaldar los alcances del artículo 117, que restringe los motivos por los que puede ser acusado un presidente.
El Ejecutivo, además, ha pedido un voto de confianza. Quiere que el Congreso derogue una ley que el TC declaró no inconstitucional. Esa derogación busca que el Gobierno pueda plantear mociones de confianza sobre temas que no son de política de gobierno.
El objetivo es poder hacer cuestiones de confianza con respecto a la investigación sobre corrupción. La corrupción, sin embargo, no puede entenderse como una ¡política de gobierno!
En el lado político, el Gobierno acusa a la oposición de estar en complot con la fiscalía, el Poder Judicial y la prensa para echarse abajo al Gobierno.
El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, atacó cobardemente a nuestra colega y amiga Sol Carreño. Es parte de la defensa.
Torres suele decir que a Castillo se le acusa “sin pruebas”. Él, sin embargo, sin conocer a la periodista, le dijo “mala madre” y “mala esposa”. Le dijo “mala entraña” y le atribuyó deformar los valores de sus hijos.
Esta barbarie la perpetró Torres delante de los ministros de Estado. Ninguno dijo nada. Aceptar estos ataques, como han hecho esos ministros, es admitir que el poder se defienda con actos y tácticas delincuenciales.
El tema pasó de las carreteras abandonadas del gobierno a las graves ofensas personales de Torres.
En esta vía, el primer ministro llama a defender al gobierno de Castillo “hasta con la vida”. En realidad, lo que quieren defender con la vida ajena es el sistema de corrupción que se instaló en el poder.
Inaceptable.
