La democracia debe defenderse y fortalecerse

No perdamos de vista ni por un instante que la reciente violencia estuvo intrínsecamente relacionada con el –no por mamarrachento menos real– golpe de Estado del 7 de diciembre.

Si Pedro Castillo hubiera triunfado, la fiscal de la Nación estaría en la cárcel. Todo el sistema judicial intervenido, los medios de comunicación amedrentados. Los grupos radicalizados ideológicamente y los operadores vinculados a las economías criminales estarían desatando violencia “contra los símbolos de la democracia burguesa”, siendo tolerados y justificados por un gobierno autoritario.

No caigamos en la trampa. Después del golpe aquí se ha ejercido, intencional y planificadamente, violencia extrema para crear un ambiente de “revolución” que logre, por otra vía, lo que con Castillo fracasó en el golpe, y los que así actuaron se pusieron fuera de la ley y deben ser sancionados.

Este es el contexto en el que se debe analizar lo que viene y el deber del gobierno de enfrentar adecuadamente las nuevas intentonas de incendiar el país.

Un análisis crítico de la forma en que en el aeropuerto de Ayacucho se enfrentó al vandalismo no es una concesión alguna a esas premisas, sino un esfuerzo por legitimar la democracia frente a los que la consideran una “pelotudez”.

Existe una posibilidad alta de que en las primeras semanas de enero haya manifestaciones violentas, al menos en el sur. Si bien la libertad y la reposición de Castillo dejarán paulatinamente de ser importantes, entrará con fuerza la renuncia de Dina Boluarte y se la responsabilizará por los muertos en Ayacucho.

También se explotará la desafortunada escena de Dina Boluarte y su Gabinete rodeados de los mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) –que constitucionalmente no son deliberantes– reemplazando a los ministros en los balances de lo ocurrido.

Ello dio pie a una percepción de que se está configurando un “gobierno cívico-militar”.

Los extremistas ya la incluyeron entre sus consignas. Eso es inevitable para aquellos a los que hasta los muertos les sirven como argumento para generar más violencia. Pero el Gobierno ha dado peso para esa impresión también entre muchos que se oponen frontalmente a las asonadas violentas.

Declaraciones desafortunadas desde el Gobierno de “apoyo incondicional” a las FF.AA. generan más confusión. Al Ejecutivo le compete dirigir, no “apoyar”. Le toca decidir qué, cuándo y cómo se hace la represión legal contra los que violan la ley y, por supuesto, asumir la responsabilidad por ello. Es muy cómodo trasladársela a los militares y policías.

La operatividad en el terreno es otra cosa, pues esta les corresponde a los uniformados. Si allí se actuase de manera diferente a lo definido por el Gobierno no cabría lo de “incondicional”.

Esto nos lleva a las investigaciones sobre lo ocurrido en el aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, en el que murieron 10 jóvenes por impactos de bala. Por cierto, la juventud es un período en el que las personas se vuelven presas fáciles de los azuzadores que las convencen de lo “heroico” de sus acciones.

Los que los indujeron a ir y se quedaron esperando a buen recaudo son, a mi juicio, los autores intelectuales de la tragedia.

Si las necesarias e ineludibles investigaciones se hacen con seriedad, no deberían arrojar ni blanco ni negro.

Los soldados no estaban sedientos de sangre ni con ganas de asesinar a un pueblo indefenso, sino que fueron a cumplir la misión de defender a la sociedad y al Estado en un contexto violentísimo. Ellos también, muchachos jóvenes y de origen humilde, sintieron que sus propias vidas estaban en peligro.

De otro lado, no parece razonable sostener que fue una acción “totalmente necesaria”, ni mucho menos llegar al “para qué se meten; bien muertos están”.

Lo que hay que esclarecer es a qué se debió el hecho de que los soldados estuviesen en la primera línea de fuego y apertrechados solo con fusiles de guerra, como parece haber sido el caso.

Frente a asonadas planificadas, no hay más alternativa que el estado de emergencia y la participación de las FF.AA. en apoyo de la PNP. Aun así, la responsabilidad política de dirigir sigue siendo del Gobierno.

Hace muy bien el nuevo ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, en señalar que “el Estado no puede permitir la violencia”, pero advirtiendo que “no vamos a hacer un uso irracional de la fuerza [porque] existen los mecanismos para que se garantice el Estado de derecho”.

La prueba de que puede ser así es el exitoso operativo policial militar de liberación de la importante planta compresora de gas de Kepachiato. Otro escenario en que se atentaba contra los activos críticos del país, ya sabemos con qué fines. La combinación de firmeza e inteligencia permitió que allí solo hubiese dos personas con leves heridas.

Coda: el mayor PNP David Medina Guillén (“Aquiles”), parte del equipo especial de apoyo a los fiscales contra la corrupción en el poder, lideró la investigación a los generales hoy detenidos por haber comprado sus ascensos a US$40.000. En aparente venganza, el alto mando lo ha pasado al retiro. Si Dina Boluarte deshace este abuso de su gobierno, tendrá una gran oportunidad para mostrar que su prédica anticorrupción no es solo floro.