La otra crisis, por Carlos Basombrío Iglesias*

¿A qué se debe esa creciente sensación de que estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia?

Remontémonos a diciembre del 2015, cuando una feroz ola de violencia asolaba el Callao y el entonces presidente Ollanta Humala lo declaró en emergencia. Había, además, en muchas regiones una fuerte demanda por sacar a los militares. Tres meses después de iniciado el nuevo gobierno, el estado de emergencia fue levantado en el Callao (en acuerdo con sus autoridades). Y, por casi dos años, la demanda de militares en las calles fue marginal.

Para entender por qué ahora retrocedemos al 2015, hay que separar lo que se hizo y dejó de hacer en cada uno de los dos gobiernos, el de Pedro Pablo Kuczynski y el de Martín Vizcarra, con dos visiones muy diferentes de cómo enfrentar el problema.

Simplificando, Vizcarra maneja la antigua idea de que la policía tiene la responsabilidad exclusiva de la seguridad y que debe ver qué puede hacer. Con Kuczynski, el concepto era que el delito se debía enfrentar desde múltiples ángulos y la labor de la policía se enmarcaba en una estrategia de seguridad. Para Vizcarra manda el día a día. Con Kuczynski se asumía responsabilidad sobre la base de objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Las cifras del INEI son elocuentes sobre las diferencias. En julio del 2016, la victimización era 30,7%. En febrero del 2018, esta bajó a 25,6% (es decir, 600.000 afectados menos), y el reto para el 2021 era 19%. Durante el gobierno de Vizcarra se acabó la tendencia de años a la baja y empezó a subir (27,2%, en noviembre pasado). Otras cifras del INEI también dan cuenta del incremento de la delincuencia.

¿Culpa de los venezolanos que delinquen? No hay que minimizar su impacto, ya que son avezados y violentos. Pero no es la primera ‘contribución’ de extranjeros al delito. El préstamo ‘gota a gota’ (te presto a tasas bárbaras y, si no me pagas, te mutilo o te mato) que asoló al país se logró reducir significativamente, sin aspaviento ni xenofobia.

Sin negar el problema, no está en los venezolanos la explicación principal del nuevo deterioro. Las cifras hablan por sí solas. De acuerdo al INPE, a marzo del 2018 había 86.800 internos, de los que 1.625 eran extranjeros (de todas las nacionalidades). En noviembre del 2019, los internos llegaron a 95.765 y todos los extranjeros a 2.152.

Además, no solo ha aumentado el delito, sino que los servicios de seguridad dejaron de mejorar. Las comisarías son claves. A julio del 2016, los ciudadanos que consideraban bueno el trabajo de estas eran el 33%. Y en marzo del 2018 subieron al 38,6%. La mesa estaba servida para continuar mejorando, pero estamos estancados.

La policía está vigilando menos las calles. En julio del 2016, solo el 20,3% de los ciudadanos percibía esto. Y se empezó a mejorar: se llegó al 27,1% en marzo del 2018. Ahora la tendencia se ha invertido (25%). En Lima, pese a haber casi 1.000 patrulleros nuevos, el porcentaje también cae. Así, en junio del 2016, apenas el 15,3% veía vigilancia. Esto subió hasta el 24%, para caer de nuevo en este gobierno al 22%.

Ahora, a falta de brújula, se coquetea con la idea de que los militares se hagan cargo del problema. Para empezar, no los hay. No hay ningún cuartel oculto con miles de soldados calentando para salir a las calles. Las Fuerzas Armadas, dada la miserable propina que el Estado les ofrece a los reclutas, tienen dificultades hasta para cumplir con sus propias funciones.

Pero hagamos abstracción de la realidad: ¿cuánto podría aportar un patrullaje militar a disminuir el ‘robo de dinero, cartera o celular’, por lejos el más frecuente y perturbador? Con la estrategia de quitarle el valor de reventa al celular desactivándolo, en el gobierno de Kuczynski este tipo de delito empezó a bajar del 14,6% al 12,6%. ¡Y ya se revirtió!

Si se les dejó todo listo para que en pocos meses el celular robado se anulara casi en tiempo real, quitando la oportunidad de revenderlo, ¿por qué abandonaron esta medida? En el Perú, hay más de 30 millones de celulares activos: todos somos víctimas potenciales. Eso no tiene solución militar, ni siquiera policial.

Menos aún los militares servirían en la lucha contra el crimen organizado, un trabajo ultraespecializado de la policía, que penetra el bajo mundo y termina en ‘megaoperaciones’. Para esto se creó la Diviac (que debió seguir fortaleciéndose), que trabajaba en pared con la Digimin (hoy una caricatura de lo que fue).

El presidente ha dicho que en el 2020 habrá mejoras sustantivas de la seguridad. Pago por ver.

*El autor fue ministro del Interior durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.