![“[Ollanta Humala y Nadine Heredia] le entregaron la obra [a Odebrecht] en una licitación más que sospechosa en la que el otro postor fue eliminado el mismo día que conocieron las ofertas”. (Foto: Archivo El Comercio).](https://elcomercio.pe/resizer/XI_zP6XROzTFnAopyxA1yRZ-rFY=/280x158/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/TQZA4FQ5TVGLTLYQ52KS6GMIUY.jpg)
‘La Bestia’ se enfrentó al tráfico de Lima: la travesía del auto blindado que trasladó a Joe Biden
Han transcurrido cuatro años desde que las repercusiones del escándalo Lava Jato llegaron al Perú y recién la fiscalía ha iniciado “diligencias preliminares” contra Ollanta Humala por el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Y las investigaciones contra Nadine Heredia, que no tiene inmunidad como su esposo, marchan también a paso de tortuga, a diferencia de lo ocurrido con los adversarios del Gobierno.
PARA SUSCRIPTORES: Elemental, mi querido Martos, por Mario Ghibellini
Las confesiones de José Graña ratifican que Humala y Heredia habían previsto favorecer a Odebrecht inmediatamente después de ganar las elecciones y aun antes del cambio de Gobierno, en junio del 2011 (Giovanna Castañeda, El Comercio, 31/8/20).
Lo primero que hicieron fue devolverle a Odebrecht la carta de garantía de US$67 millones. Luego cambiaron la naturaleza del proyecto que, de ser una inversión privada, pasó a ser financiado por el Estado y aumentó sus costos de manera exorbitante a más de US$7.000 millones. Por último, le entregaron la obra en una licitación más que sospechosa en la que el otro postor fue eliminado el mismo día que conocieron las ofertas.
Las declaraciones de Graña confirman el papel determinante que tenía Heredia en las decisiones del Gobierno, entre otras, la de marginar a su empresa, Graña y Montero, porque El Comercio, del que él era accionista, mantenía una postura crítica hacia su Gobierno. Es decir, trataba de intimidar a un medio de comunicación extorsionando a uno de sus propietarios. A pesar de que Graña renunció al directorio del periódico, la hostilidad de Heredia se mantuvo para tratar de obligarlo a influir en la línea del diario.
Naturalmente, esto jamás ha sido motivo de preocupación para los supuestos defensores de los derechos humanos y de la libertad de prensa que respaldaron a Humala y Heredia en su llegada al Gobierno y que se beneficiaron del mismo. Y que hoy participan en la coalición que respalda al presidente Martín Vizcarra.
Los fiscales adictos al Gobierno tampoco han indagado realmente quién es la “Princesa” que recibió una coima de US$900.000 por el GSP y aceptaron candorosamente la versión de que ese seudónimo correspondía a un abogado fallecido que ya tenía otro apelativo en la nómina de Odebrecht.
Tampoco se sabe de avances en el caso del club de la construcción, que presuntamente pagó US$17 millones al entonces ministro Carlos Paredes, donde según Leo Pinheiro, jefe de OAS, hubo una intervención directa de Heredia.
Hasta ahora, la princesa tiene corona.
Otrosí digo. El congresista de Alianza para el Progreso (APP) Humberto Acuña, hermano de César, el dueño del partido, fue sentenciado en segunda instancia y deberá ser desaforado. Él fue candidato y salió elegido a pesar de que ya tenía una sentencia en primera instancia por un caso de corrupción cuando fue gobernador regional de Lambayeque.
Con una dosis de ingenuidad, El Comercio editorializa sobre “el efecto devastador” sobre la imagen de APP por llevar a un candidato con esas características (3/9/20). Ese partido llevó al Congreso anterior a Edwin Donayre y a Benicio Ríos, que también fueron desaforados al recibir sentencias firmes y, sin embargo, en las últimas elecciones obtuvo una representación que duplica la anterior introduciendo a otro sentenciado. Ese no es un tema que ahuyente al electorado peruano.
