"No veo salida fácil para el presidente. Más aún que ahora la fiscal de la Nación ha decidido investigar a Castillo por estos temas". (Ilustración: Giovanni Tazza)
"No veo salida fácil para el presidente. Más aún que ahora la fiscal de la Nación ha decidido investigar a Castillo por estos temas". (Ilustración: Giovanni Tazza)

Más allá de las discusiones sobre si un nuevo año en el almanaque cambiará a , creo que los meses del verano estarán marcados por tres procesos simultáneos, pero no paralelos, sino profundamente imbricados y afectándose entre sí. A saber, una trenza

El orden puede ser cualquiera, pero estos son la dinámica política, la de las investigaciones y la socioeconómica.

En el caso de la primera se supone que debe estar por producirse (uno nunca sabe a ciencia cierta con Castillo) un cambio muy importante de gabinete, que debiera o podría incluir a Mirtha Vázquez.

Los dirigentes políticos que se reúnen con Castillo testimonian que ese es un tema recurrente en las conversaciones. Por lo que se filtra, parece que lo más probable es un giro hacia el centro, buscando el apoyo de algunas bancadas, siendo Somos Perú que dirige Patricia Li (con una historia muy poco recomendable para un presidente que ya aupó demasiada gente muy discutible), la más propensa al pacto. Mucho más brumoso parece un eventual apoyo del Partido Morado, Podemos Perú, APP o Acción Popular.

De darse ese giro hacia el centro traería nuevas dificultades con las facciones Cerrón y Bermejo de Perú libre; y si es lo suficientemente drástico, con el Fenatep/Movadef. O, incluso, con Juntos por el Perú (JPP), cuya vocera ha señalado que el mantenimiento de la alianza requiere, entre otras cosas, de “la presencia de sus militantes en el gabinete”.

O sea, Castillo conseguiría algo con la mano derecha y lo perdería con la izquierda. Vamos viendo que pasa, si pasa.

La segunda variante es la evolución y el manejo de tres casos que rondan al presidente ocasionados por falta de transparencia y eventual corrupción. Estos son “Pasaje Sarratea”, “Puente Tarata III” y “Petro-Perú”. Salir adelante requeriría una explicación extremadamente convincente y que libere a Pedro Castillo de toda sospecha. ¿La hay? Entonces, ¿por qué han pasado tantas semanas sin que haya sido compartida con el país?

Estos casos han llegado para quedarse. No veo salida fácil para el presidente. Más aún que ahora la fiscal de la Nación ha decidido investigar a Castillo por estos temas.

Hay además un tercer tema, que llamo socioeconómico y que tiene que ver con los problemas reales que vive la gente y que se van a hacer más complejos en el verano.

En primerísimo lugar, la tercera ola del COVID-19. La buena noticia es que el ha conseguido el 80% de vacunación del grupo objetivo. Pero esto se convertiría en un bumerán, si sabiendo desde antes de asumir el cargo que vendría una tercera ola, no se tomaron las previsiones para que el 20% restante no sature las camas UCI y agoté el oxígeno.

Por ahora en el número de fallecidos no hay tendencia al alza, pero si ya hay casi 900 camas UCI ocupadas. ¿Cuántas les dejó Sagasti y cuánto se ha hecho en estos cinco meses de tregua para incrementarlas? Las mismas preguntas valen para el tema del oxígeno. Escenas como las de la segunda ola serían devastadoras para Castillo.

Otro tema que no dará tregua y, a mi juicio, principalmente por la inacción del gobierno y la falta de ideas de cómo actuar es el de la seguridad ciudadana. No hay que ser un gurú para pronosticar que el crimen callejero violento y el crimen organizado en sus versiones urbanas y rurales va a seguir incrementándose, colocándonos cada vez más cerca de ser un país sin ley.

A ello se suma que en el Gobierno piensan que poner orden en las manifestaciones de protesta es “criminalizar la protesta social” y, por tanto, está descartada como opción. El efecto contagio en las carreteras podría crecer al ritmo ómicron. Para empezar porque la pomposamente anunciada “solución” de la crisis de Las Bambas esconde el hecho que es solo una provincia del Cusco en donde se ha negociado, que allí no todas las comunidades comparten lo acordado y que está sujeto a un diálogo que empieza recién en quince días. Ello en un corredor minero que ha tenido por años bloqueos sucesivos o simultáneos en dos provincias de Apurímac, dos del Cusco y una de Arequipa.

Otro ejemplo funesto de esta lógica. A fines del 2021 se desarrollaron algunas protestas poco concurridas en la Panamericana Sur de mineros ilegales en Ica y, como consecuencia de estas, el Gobierno promulgó de inmediato la ley que les permite permanecer como tales hasta el 2024. Así de fácil.

Otro frente. Se han comprometido en marzo el retorno presencial a clases. No necesariamente responsabilidad única del Gobierno, pero como con todos cuando están funciones, van a tener que dar explicaciones sobre por qué muchos colegios carecerán de condiciones adecuadas. Los que fueron cuchillos de todas las administraciones anteriores por la calidad de la infraestructura educativa deberán, justa o injustamente, asumir el costo político que ello tiene. Y vaya que puede ser grande.

Los tres procesos mencionados al inicio se van a retroalimentar a lo largo del verano y requerirían ser manejados con sapiencia, liderazgo, transparencia, solvencia y prontitud; todas ellas cualidades que no precisamente adornan al presidente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más