Distraídos por los gestos de un dictador en ciernes (y su lumbalgia), los peruanos le estamos dando el espacio y el tiempo al Gobierno para armarse. Tal vez sea que colectivamente sufrimos del desorden de déficit de atención o que nos importa muy poco el destino del país. O será que estamos tan acostumbrados a la corrupción y los escándalos farandulescos que perdemos de vista lo realmente importante.
Desde que Pedro Castillo llegó al poder, buscó fortalecer los movimientos políticos que lo apoyaron y ampliar sus bases sindicales y sociales. Y lo hizo en los distintos sectores y a través de la utilización de diversos ministerios y organizaciones públicas. Una de las primeras acciones de Castillo en el poder fue ordenar el reconocimiento de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), el gremio que él mismo fundó en el 2017, y cuya inscripción había sido previamente rechazada por el Ministerio de Trabajo un año antes. De acuerdo con la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), el Fenate tenía entre sus dirigentes a miembros y personas vinculadas al Movadef. Desde el Ministerio de Transportes, por ejemplo, el exministro y sindicado operador de Castillo, Juan Francisco Silva, hoy prófugo de la justicia, hizo varias concesiones para favorecer a los transportistas, debilitando la reforma del transporte.
La norma emitida por el Ministerio de Trabajo, que fortalece a los sindicatos generando una asimetría en la relación con las empresas y con los trabajadores no sindicalizados, es un claro ejemplo de cómo el Gobierno intercambia políticas públicas por apoyo de bases. La regulación apunta a beneficiar a un muy pequeño grupo de trabajadores formales. En el Perú solo hay 190 mil trabajadores sindicalizados, que es el equivalente al 1% de la PEA. Otro ejemplo es el fortalecimiento de las rondas campesinas y la inscripción de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (Cunarc) en la base de Datos de Pueblos Originarios del Ministerio de Cultura “como representantes de los pueblos indígenas ante el Estado Peruano”.
Todos estos casos son una clara muestra de la utilización del poder para beneficiar a grupos de interés. Una forma de mercantilismo político. Una forma distinta de lo que la izquierda llama la privatización del Estado.
El llamado del primer ministro Aníbal Torres, desde el mismo Palacio de Gobierno, azuzando a las organizaciones sociales a venir a Lima y defender al presidente tiene una clara intencionalidad política: generar violencia en las calles que fuerce al Gobierno a tomar acción, alejándose aún más de la legalidad. Y es probable que sean las organizaciones más radicales las que hagan eco del llamado del titular de la PCM.
Es importante recordar, además, que muchas de las organizaciones de base en el Perú actúan impunemente, fuera de la ley y sin que nadie pueda detenerlas. Y lo cierto es que, si Castillo tiene consigo a las bases y los sectores populares no se levantan, será muy difícil lograr una salida de la crisis política. Nuestra debilidad institucional, que impide que exista una democracia funcional, hace que el Poder Ejecutivo actúe impunemente, incluso en la flagrancia de delitos, y que ni la fiscalía ni el Poder Judicial tenga la capacidad para detenerlos.
Pedro Castillo podrá ser un hombre débil y sin mayores luces para gobernar, podrá haberse rodeado de incapaces. Podremos creer también que el Gobierno está acorralado por las denuncias de corrupción y las investigaciones fiscales. Sin embargo, el daño que está generando al país será muy difícil de revertir. Y pese a todo ello, nada parece indicar que Castillo y su familia estén ni por asomo cerca de regresar a Chota.
Y no porque les falten méritos. Pero mientras Castillo busque cubrir todas las instituciones públicas con un manto de oscuridad, nos ha permitido ver con claridad que el sistema democrático peruano no funciona. Castillo no es el problema, Castillo es solo un síntoma, una consecuencia del abandono de la política. Pero Castillo puede ser también una oportunidad, si es que logramos dejar de lado nuestras diferencias para impulsar reformas estructurales que nos permitan reencauzar al Perú.