Diego Macera

Las economías de crecerían este año aproximadamente 3% y, para el próximo, el FMI estima su expansión en apenas 2%. A ese ritmo, considerando el poblacional, a la región le tomaría hasta más allá del año 2100 para alcanzar los niveles de ingresos por habitante promedio que tienen hoy las economías avanzadas del G-7.

Latinoamérica necesita, pues, recuperar vigor rápido, pero la mano que le ha tocado para los siguientes años no es particularmente buena. Los dos gigantes, Brasil y México, aparecen atrapados en sus propias versiones de populismo de derecha e izquierda (y Brasil, además, con el posible retorno de un líder como Lula al poder este año). Argentina se ha reconocido como incapaz de controlar sus desequilibrios macroeconómicos crónicos. No está de más recordar que hace 15 años, en agosto del 2007, tanto el nuevo sol peruano como el peso argentino se cotizaban en aproximadamente tres unidades por dólar. Hoy se requieren casi S/4 para adquirir un dólar, o 300 pesos argentinos. En Chile y Colombia es más posible que las políticas fracasadas de los años 80 ganen tracción, aún si en el referéndum chileno de esta semana ganase el ‘rechazo’. Bolivia continúa bajo la esfera de influencia de Evo Morales, y Venezuela, cual equipo que marca un gol luego de haber recibido ocho en contra, celebrará discretamente en el 2022 el primer año de expansión luego de su hecatombe económica: más de 80% de contracción del PBI en ocho años.

En este contexto, el Perú difícilmente hará la diferencia. La agenda de mejora de la competitividad en el país es prácticamente nula, y todos los esfuerzos técnicos del último año se agotan en evitar retroceder en lo que se había avanzado. Peor aún: no hay a la vista una solución política viable. Así, sin llegar a hablar de recesiones, el Perú deja de ser la estrella de la región en crecimiento y reducción de la pobreza para pasar a ser un país latinoamericano más, convulso y aletargado.

Si, por el momento, no es posible aspirar a reformas que realmente dinamicen el crecimiento regional, lo menos a lo que se debe apuntar es a mantener políticas macroeconómicas responsables. La mano, decíamos, no viene fácil: la deuda pública ha crecido en toda la región, la inflación sigue alta –aunque disminuyendo–, las condiciones financieras serán más restrictivas y los precios de las materias primas vienen en caída.

Por eso, conviene ser prudente y no caer en el espejismo de los ingresos fiscales extraordinarios. Para el Perú, en la primera mitad de los años entre el 2015 y el 2019, los ingresos corrientes del gobierno ascendieron en promedio a S/78.6 mil millones en soles constantes, con un máximo de S/87.4 millones en el 2019. Entre enero y junio de este año, no obstante, han sido de S/107.7 millones, en buena parte por el mejor precio del cobre.

La tentación de siempre es usar estos ingresos extraordinarios y temporales como si fuesen permanentes, de modo que se pueda destinar a gastos que no corresponden, como mayores remuneraciones en el sector público. Ayer mismo, el Consejo Fiscal emitió un informe en el que señalaba que los “mayores recursos fiscales, provenientes principalmente de los altos precios de los ‘commodities’, deberían focalizarse en restituir las fortalezas fiscales mermadas para atender los efectos de la pandemia, y en acelerar el proceso de consolidación fiscal”, recomendación que no necesariamente se viene siguiendo.

Latinoamérica se puede estar enfrentando a otra década de crecimiento mediocre que quizá sirva para recordarnos que la mejora económica sostenida no está garantizada por designio divino: hay que merecerla. Y en el Perú de los últimos años, en esto de merecer hemos hecho lo mínimo.

Diego Macera es Gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE)

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