Elecciones en la región

En las últimas semanas hemos presenciado diversas elecciones en la región cuyo análisis podría ayudarnos a entender mejor algunas tendencias y posibilidades en curso. Hablamos de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) realizadas en Argentina el 13 de agosto; las elecciones en Guatemala, con su primera vuelta el 25 de junio y la segunda el pasado 20 de agosto; y, ese mismo día, la primera vuelta de las elecciones en Ecuador.

Toda la región está atravesando un serio problema en cuanto a la legitimidad de las instituciones democráticas, y en cuanto a la representación de los ciudadanos por los partidos y líderes políticos en general. En este marco, con crecientes niveles de desafección, menor lealtad e identidad partidaria, las elecciones tienden a tener dinámicas volátiles e imprevistas. Esto abre o cierra oportunidades para desenlaces que pueden ayudar a consolidar nuestras democracias, o continuar con su deterioro.

En Guatemala, hasta no hace mucho, las perspectivas respecto a la democracia lucían bastante negativas. Serios problemas de corrupción y limitaciones en su sistema de justicia condujeron a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el 2007, gracias a cuyo trabajo, por ejemplo, el presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) fue obligado a renunciar y terminó en prisión, condenado por delitos de corrupción. Sin embargo, el presidente Jimmy Morales (2016-2020), él mismo investigado por casos de corrupción, decidió terminar con el trabajo de la CICIG en el 2019 y con su sucesor, Alejandro Giammattei (2020-2023), se registraron serios retrocesos en estos procesos de construcción y limpieza institucional, que se expresaron en la persecución de jueces, fiscales y periodistas comprometidos con la lucha contra la corrupción, conformándose un bloque de poderosos intereses económicos y políticos en control del Ejecutivo, Legislativo, de las instituciones del sistema de justicia y de los organismos electorales.

En este marco, se estaba llevando a cabo un proceso electoral que difícilmente podría calificarse como democrático, en tanto se produjeron exclusiones de candidaturas críticas con el sistema, que también podrían haber afectado al ganador, Bernardo Arévalo, si no hubiera mediado una fuerte presión internacional. Podría decirse que ejercer de manera descarada prácticas de exclusión política por parte de una élite en el poder condujo al inesperado desenlace de empoderar a un candidato precisamente identificado con la lucha contra la corrupción, que al inicio de la campaña parecía constituir una candidatura meramente testimonial. No será fácil para Arévalo, en tanto su partido contaría con apenas 23 representantes del Congreso unicameral de 160 miembros.

En Ecuador, pese al dramático asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto, que puso de manifiesto la inquietante presencia del crimen organizado en nuestras sociedades y su influencia en la esfera política, la elección del domingo planteó un escenario en el que se volvió a manifestar el clivaje correísmo–no correísmo, pero en un escenario de aguda fragmentación política que, nuevamente, plantea serias dudas sobre la gobernabilidad del país. Y los problemas de gobernabilidad parecen aún más complicados en Argentina. Las PASO dieron un sorpresivo triunfo al candidato antisistema de extrema derecha Javier Milei, con el 30% de los votos, seguido por la coalición de derecha más tradicional de Patricia Bullrich, con el 28,3%, y por la coalición peronista, de Sergio Massa, con el 27,3%. El problema es que a la confrontación tradicional entre el peronismo y sectores de derecha se ha sumado un populista antisistema con un discurso libertario extremista. En cualquier caso, las posibilidades de construir mayorías y coaliciones de gobierno viables se hacen más complicadas.

Acaso el verdadero drama de las últimas elecciones en la región no es tanto que gane la derecha o la izquierda, el problema es que, en cualquier escenario, la posibilidad de implementar políticas mínimamente eficaces o reformas en cualquier sentido se vuelve cada vez más difícil. Nuestro problema es la parálisis, precisamente cuando los ciudadanos claman por eficacia.