Jaime de Althaus

El tiene que poner fin a su etapa predatoria y pasar a una era constructiva. Porque en los últimos años ha aprobado que han depredado los principales fondos, ahorros y equilibrios acumulados por el país en los últimos lustros. Los logros históricos de las últimas décadas se han convertido en botines políticos y legislativos.

Lo último ha sido la ley del bono de reconocimiento a los que migraron de la ONP al sistema privado de pensiones, lo que en sí mismo es justo, pero se convierte en un incentivo para que todos se pasen a un sistema que se ha vuelto atractivo por otra irresponsable ley que permite retirar los fondos ahorrados a la hora de la jubilación, dejando a las personas sin pensión, incubando así una demanda política para que el se termine haciendo cargo de la pensión de todos. Y una ONP sin aportantes significa que las pensiones de los jubilados actuales tendrán que ser pagadas íntegramente por el presupuesto público.

Esto se suma a la depredación de los fondos privados de pensiones con las sucesivas leyes de retiros, agrandando la mencionada contingencia fiscal futura; a la ley que permitía el retiro de los aportes al Fonavi, incluyendo los del empleador; a la ley que permite la negociación colectiva en el Estado sin límite alguno fijado por el MEF –lo que agrava el riesgo de echar por tierra la gran conquista nacional del equilibrio fiscal–; a la ley que le dio rentas a las municipalidades de centros poblados, incentivando la multiplicación de entidades ‘presupuestívoras’; a la ley que elimina los CAS sin pasarlos al régimen del servicio civil, liquidando la posibilidad de un Estado meritocrático; a la que sube los costos de la agroexportación, atacando una fuente de crecimiento; a la que pone topes a las tasas de interés, excluyendo a muchos pequeños del crédito. Y así sucesivamente.

Hemos tenido un festival de leyes que incrementan el gasto público (sin meritocracia) al mismo tiempo que disminuyen los ingresos fiscales al reducir la tasa de crecimiento con sobrerregulaciones costosas. Más gasto y menos ingresos conducen a la quiebra del Estado en el mediano plazo o largo plazo, y a un crecimiento tan bajo que ya no reduce la pobreza. Lo que ha hecho el Congreso en los últimos años a nivel nacional es lo mismo que hace quien retira y gasta sus ahorros previsionales: quedarse sin futuro.

Entonces el Congreso debe cancelar esta etapa dilapidadora y pasar a una tarea recreadora de las bases del crecimiento que permita el renacimiento del país y la reducción acelerada de la pobreza. Pasar a una agenda reformadora que incluya la reforma del Estado, la meritocracia, los análisis de impacto regulatorio al stock de normas para aligerar el peso regulatorio, creación de autoridades autónomas estilo BCR para la provisión de servicios sociales eficientes y para la obra pública, reforma del Impuesto a la Renta y de los regímenes laborales para que sean graduales, progresivos y formalizadores, un sistema de pensiones inclusivo, universal y formalizador basado en el consumo y no solo en la planilla, por ejemplo.

Ya hemos mencionado que los principales ‘think tanks’ del país están dispuestos a apoyar al Congreso en una agenda de reformas. Pero ayudaría mucho un movimiento general en la sociedad civil que haga propuestas. Los grupos empresariales tienen amplia experiencia en sectores como salud, educación, construcción, vivienda, agricultura, gestión, etc., y podrían elaborar propuestas desde su propia vivencia empresarial, comprometiéndose con el país. Las universidades también. Algunos gremios como la SNI y la CCL lo están haciendo en alguna medida, pero hace falta más.

Si no nos concentramos en la reconstrucción de la viabilidad del país, la perderemos.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.


Jaime de Althaus es analista político

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