Liberados en la red, por Andrés Calderón

El mundo no será igual. A lo mejor, por más repetirlo, nos vamos acostumbrando a la nueva realidad. Una en la que quizá las reuniones en grupo, los abrazos y el cara a cara sean más escasos de lo que quisiéramos. El ya célebre “porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora” no especificaba plazo certero.

Bien decían por ahí, sin embargo, que ‘distanciamiento social’ no es el término correcto. Porque cuanto más grande es la separación física, más conectados debemos estar socialmente.

Lamentablemente, en nuestro país no todos tenemos las mismas posibilidades de conexión. Aunque la penetración de la telefonía móvil es importante, muchas personas no gozan de la capacidad adquisitiva para acercarse en cualquier momento por una llamada, un chat o una videoconferencia con sus seres queridos. Y aun si el dinero alcanzara, la red no. ¿Se habrán dado cuenta ya esos alcaldes que ponían barreras burocráticas de la mucha falta que hacen esas antenas, torres y cables de fibra óptica? Solo un tercio de los hogares goza de Internet fijo (Enaho). La pandemia nos cogió en pijamas en servicios básicos.

Una de las prioridades poscuarentena debe ser el despliegue de la infraestructura para la conectividad, sin duda. Pero enfrentados ante una situación apremiante, por lo menos deberíamos aprovechar al máximo las herramientas que ya tenemos. Tratar de recuperar parte de nuestras actividades cotidianas aunque sea a través de un monitor.

Hay un meme que pregunta: “¿Quién aceleró la transformación digital de tu negocio? ¿El equipo de informática, el gerente de innovación, el CEO o el COVID-19?”. Habría que preguntarnos en paralelo: ¿ya despertaron digitalmente nuestras autoridades?

Algunas empiezan a hacerlo, como el Ministerio de Trabajo, que dispuso que las renovaciones de los contratos de trabajo temporales próximos a vencerse durante la cuarentena pueden ser suscritas mediante cualquier tipo de firma electrónica. ¿Y por qué no todos los contratos en cualquier momento?

Otras aún están desperezándose, como el Ministerio de Salud, que acaba de aprobar una directiva administrativa para permitir el telemonitoreo y la teleorientación en salud, previo consentimiento del paciente en forma digital, aunque inexplicablemente pide una ratificación con papelito firmado poscuarentena (¡qué ganas de matar árboles!). O el Osiptel, que autoriza a usar los canales telefónicos y virtuales para cancelar un servicio de telecomunicaciones, suspenderlo o cambiar de plan, pero no admite estos mismos instrumentos para adquirir un nuevo servicio (salvo Internet fijo y telefonía fija para algunos ‘call centers’), cuando lo que más se necesita ahora son nuevas líneas y nuevos servicios en general para quien los necesite. Esta situación debería llevar al regulador a repensar el anacrónico requisito de la huella biométrica para contratar un servicio, cuando existen alternativas de verificación de identidad que no arriesgan a los clientes al contacto personal en estas circunstancias.

Y no faltan los dormilones. En este caso, la Presidencia del Consejo de Ministros, que –como reportó el portal Convoca.pe– suspendió toda tramitación de solicitudes de acceso a la información pública por el aislamiento social obligatorio. Una generalización incomprensible. Si alguna solicitud no se puede responder porque involucraría el desplazamiento físico, se comprende. Pero ello no convierte a todos los pedidos de información pública en imposibles de atender. Antes bien, estos requerimientos podrían ayudar a que el Gobierno identifique cuánta información le hace falta digitalizar para no entrar en modo pausa ante una eventual emergencia.

Los canales digitales que usábamos esporádicamente podrían convertirse ahora en un arma de liberación de las barreras físicas que una pandemia nos impone. La verdad es que ya vivíamos –adormitados– en el mundo digital mucho antes del coronavirus. La cuarentena solo nos hizo despertar.

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