:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/122d2690-0a70-4d79-baf3-9ad1fef5c61a.png "Fernando Cáceres Freyre")
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Los congresistas nos tienen acostumbrados a perforar la caja fiscal, destruir la meritocracia y legalizar actividades informales/ilegales. Esta vez han decidido innovar, aprobando una norma cuyo objetivo velado es darles más visibilidad a los medios de comunicación amigos.
El último jueves, 66 congresistas nos sorprendieron aprobando en primera votación una norma que en la práctica obligaría a empresas de TV paga o cable a convertirse en caja de resonancia de sus proyectos políticos. Se trata del proyecto 2844/22-CR, que obliga a las operadoras a incluir en sus parrillas de alcance nacional o regional a los canales de señal abierta locales o regionales, incluso si estos desean ingresar gratuitamente.
El proyecto, cuyo autor es el propio presidente del Congreso, Alejandro Soto, funcionaría como una especie de “canje publicitario”. A punta de expropiar ancho de banda a las operadoras de TV paga, los congresistas les regalan más visibilidad a estaciones que tienen poco alcance, y ellas les devuelven el favorcito dándoles cobertura a los voceros y contenidos de su interés, que en la próxima campaña electoral serán mucho más.
Como se sabe, estos canales de señal abierta locales o regionales son de acceso libre, pues basta con colocar una antena en la TV para sintonizarlos, y si tienen contenidos interesantes para los consumidores de las cableras podrían negociar con ellas para ser incluidas en sus parrillas.
Nótese que nadie está alegando en este caso que hay posición de dominio de alguna cablera en una localidad, y que esta no les da injustificadamente acceso, una situación que tendría que ver caso a caso Indecopi. Más bien, lo que se busca es darles mucha más visibilidad a contenidos de canales poco atractivos para los consumidores, y hacerlo a la prepo y gratuitamente, violando la libertad de empresa.
Además, dado que el ancho de banda es limitado, para cumplir con esta nueva regulación las cableras podrían verse obligadas a dejar de transmitir canales considerados más valiosos para sus consumidores, pues estamos hablando de más de 2.400 estaciones de radiodifusión que podrían solicitar ingresar a las parrillas. Lo que violaría sin justificación la libertad de elección de los consumidores (libre desarrollo de la personalidad en la Constitución).
Además de esta expropiación regulatoria, que en otros países ha ameritado incluso indemnizaciones, otro gran problema es el contenido mismo de los programas que se transmitirán. Para ilustrarlo, veamos el mismo caso de Alejandro Soto quien, ya como legislador, contó con un espacio estelar en la cadena CTC de Cusco, una de las que podría beneficiarse con esta norma, desde donde se dedicó a cuestionar al ex gobernador regional Jean Paul Benavente y a otros congresistas de la región, y hasta llegó a pedir que azotaran a ciertos alcaldes provinciales y distritales cusqueños.
De hecho, en el 2021, varias de las estaciones que podrían beneficiarse en lo sucesivo de este canje se constituyeron –de forma interesada o bajo amenaza– en una de las principales plataformas del expresidente Pedro Castillo, en ese entonces el candidato antidemocracia de turno.
En casos de transmisión de mensajes como el del congresista Soto, ustedes podrán pensar que la cablera tendrá el derecho de cortar la señal. Se equivocan. El proyecto dice que las empresas quedarán obligadas a transmitir sin “alteraciones” y por 24 horas ininterrumpidas los contenidos. En otras palabras, a pesar de ser propaganda política, incitar a la violencia y/o ir contra los propios estándares de las empresas, estarían obligadas a transmitirlos. La libertad de prensa también pisoteada.
En resumen, libertad de empresa, libertad de elección y libertad de prensa violadas frente a un evidente conflicto de interés. ¿Lo vamos a permitir?
