"Límites del neoliberalismo", por Gonzalo Portocarrero

GONZALO PORTOCARRERO

Sociólogo

Las razones que explican la crisis de las cooperativas y de las empresas autogestionarias son las mismas que están detrás de los tropiezos de la democracia y las demandas consiguientes de “mano dura”. No obstante, si la crisis de las empresas asociativas pudo paliarse gracias a la renovada vigencia del capitalismo, no es posible que ocurra algo similar en el campo de la política, donde, sencillamente, no hay una alternativa sensata de reemplazo a esa autogestión social que es el régimen democrático.

Hasta la década de 1970 las cooperativas y las empresas autogestionarias aparecían como realidades legítimas, llamadas a un mayor protagonismo, pues se suponía que podían combinar la eficiencia y la innovación a manera de ser hasta más competitivas que las empresas capitalistas. Esto, en especial, en la medida en que se les atribuía la capacidad de generar una identificación y un entusiasmo entre sus trabajadores, pues los regímenes laborales eran controlados por los propios asociados que tenían además el incentivo de recibir las utilidades que les correspondían como propietarios.

El cooperativismo y la autogestión parecían inaugurar una época en que la democracia como modo de gobierno sería predominante en el campo económico. Pero estas expectativas se frustraron. Resulta que estas empresas no fueron ni tan eficientes ni tan competitivas, de modo que en poco tiempo han tendido a desaparecer.

Hay dos causas que explican esta realidad. La primera es la rigidez y el inmovilismo de las empresas autogestionarias, pues es muy difícil que tomen decisiones que afecten a sus asociados que son también sus propietarios. Entonces, desplazar o despedir trabajadores, o incluso sancionarlos, es prácticamente imposible. En tiempos de gran innovación tecnológica esta rigidez es un pasivo difícil de sobrellevar. En la empresa capitalista, en cambio, el poder está concentrado en la gerencia y el directorio que tienen que rendir cuentas a una asamblea de accionistas que exigen, ante todo, la rentabilidad de sus inversiones. Entonces los trabajadores son manejados, sin su consentimiento, según los intereses de la empresa. Son, digamos, recursos humanos, no deliberantes.

La segunda causa, me parece, más importante. Se trata de la aparición de “mafias” que privatizan los excedentes de la empresa. La capacidad de fiscalización de los trabajadores-propietarios suele ser débil de manera que los administradores no tienen que rendir cuentas a nadie. Entonces, hacen lo que les conviene. La noción de un bien común se convierte en una fachada tras la cual se oculta los malos manejos de las mafias que proliferan a todo nivel. La autoridad pierde capacidad de convocatoria de modo que los trabajadores-propietarios reaccionan trabajando menos y exigiendo más. Cada quien saca su tajada por donde puede.

Es evidente que ambas causas están muy ligadas, pues la rigidez resulta de la falta de liderazgo de las mafias que tratan de contentar a sus “bases” con un gobierno benévolo que no exige esfuerzos ni sacrificios. Y, a la inversa, las mafias resultan del hecho de que las bases renuncian a su derecho a fiscalizar mientras estén seguros sus empleos.

Esta dinámica llevó al estruendoso fracaso de las cooperativas agrarias de producción. Y de las empresas de propiedad social y/o estatal. El experimento del gobierno de Velasco terminó ruinosamente: colapso de la producción, impuestos no pagados, lucha de mafias, pérdida de la moral del trabajo, caída de las remuneraciones. La única salida fue la vuelta a la propiedad privada: las cooperativas fueron parceladas. Y los rendimientos no se recuperaron.

En todo el mundo sucedió lo mismo: el intento de democratizar la gestión económica no prosperó ni siquiera en las sociedades más prósperas e igualitarias. Menos aún en el Perú, donde la vigencia de la ley es tan precaria. El neoliberalismo como restauración del predominio del capital surge de este fracaso. Y es que la autogestión suponía una cultura de la honradez y del esclarecimiento del bien común que no lograron consolidarse.

Pero el retroceso de la autogestión no puede alcanzar al campo de la política. La idea de que el Estado es una empresa y los ciudadanos, sus accionistas, supone una simplificación ilusa de la política. Mientras que las empresas responden al mandato central de rentabilizar el capital de sus propietarios, la política y la acción estatal no tienen fines predeterminados, sino que estos se van (re)formulando en un proceso de esclarecimiento colectivo de modo que la noción de bien común es irremplazable.