Alek Brcic Bello

El último fin de semana, el líder de Perú Libre, , soltó un tuit en el que hizo gala una vez más de su obsesión por cambiar la Constitución. “La pondrá fin a la pobreza, la corrupción y la injusticia”, afirmó el médico condenado por corrupción sin aportar evidencia a su declaración.

Según la hipótesis del exgobernador regional investigado por lavado de activos, basta con redactar un nuevo contrato social entre empresa y trabajadores, bancos y clientes, Estado y pueblo para que el huaico que hace 200 años no deja a la institucionalidad peruana ser una Suiza latina quede atrás. Paz, amor y economía boyante surgirán de forma espontánea con solo unos cambios en las reglas de juego, parece creer quien no sería ni portero de este gobierno.

¿Y cuáles son los ajustes que promovería el socio político del presidente Pedro Castillo? Basados en el ideario de Perú Libre, en lo económico, por ejemplo, ‘liberaría’ al Estado para que pueda crear empresas y competir con el sector privado. También impulsaría el manejo exclusivo de recursos estratégicos para el sector público y recortaría libertades individuales. ¿Pero cómo eso podría marcar el fin de la pobreza y la corrupción? Nadie lo sabe.

Ahora, si bien la idea de Cerrón es a todas luces un disparate, no está lejos de la que los promotores de un momento constituyente perucho comparten. Porque entre ese discurso y el de aquellos que afirman que cambiar la Carta Magna traería prosperidad y mayores derechos para la sociedad en general, no hay mucha diferencia.

El asunto, por supuesto, es que la gran mayoría de quienes hoy se muestran a favor de tan irresponsable experimento (31% de la población, según la última encuesta telefónica del IEP), no han dedicado ni cinco segundos a pensar cómo se desarrollaría el mismo. Tanto es así que algunos ni siquiera han revisado el documento que quieren cambiar. Según el mismo sondeo, apenas 4% de la población afirma haberla leído en su totalidad.

Y en un contexto en el que sin importar dónde uno ponga el dedo brota una crisis política, un exfuncionario fugado y otro feriado para el sector público, los que terminarían liderando esa enorme tarea sería un grupo muy parecido al Parlamento actual. Y entre otorongos e improvisados, eso no augura nada bueno.

Así las cosas, lo más probable es que, de cumplirse algún día el sueño cerronista, el país terminaría con un desastre de documento, ultraconservador, populista y económicamente insostenible. Uno que, además, engrandecería al corrupto aparato estatal y del que zafarnos costaría un retroceso de varias décadas.

Para visualizar ese futuro alternativo, basta ver lo que está ocurriendo en el país vecino del sur. Como destacó Óscar Sumar hace unos días en estas páginas, el borrador de la nueva constitución chilena es tan malo que las políticas económicas ahí descritas, evaluadas según las sugerencias del Consenso de Washington, la harían caer del segundo lugar al último en la región. Es decir, de aprobarse el texto, Chile pasaría a tener un Estado sobredimensionado y la economía más estatista en América Latina.

Ese último lugar chileno, sin embargo, se mantendría por poco tiempo si eventualmente prospera la idea de una imprudente asamblea constituyente en el Perú. Porque con políticos que buscan el aplauso inmediato, un Legislativo que promueve intereses propios y un Ejecutivo que se esfuerza por implantar una mafia dentro del aparato estatal, el resultado aquí sería peor. Y nadie que sea consciente de la crisis política que atravesamos podría creer lo contrario.

Alek Brcic Bello Economista

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