Los costos de la opacidad

El lunes pasado tuve la ocasión de compartir una mesa de debate con representantes de la Asociación Civil Transparencia, Idea Internacional y la organización Open Política para promover el valor de informarnos más acerca de los antecedentes personales, profesionales y económicos de quienes buscan representarnos. Y aunque este objetivo resulte deseable, mis contertulios concluían en que, pese a tener hoy mejores formas de informarnos, existe una apatía ciudadana tan grande acerca de lo que entendemos por los políticos que, probablemente, las diversas aplicaciones digitales que hoy se ofrecen tengan poco uso.

Mi optimismo tecnológico me llevaba a rebatir ese escepticismo, alegando que, aun con desapego, hoy ya existe en el país una masa crítica interesante de personas que sí se interesan por conocer más acerca de quienes pretenden representarnos, a través de medios digitales.

¿En qué sustento mi afirmación? Responder a esta pregunta implica entender que en el consumo de aplicaciones tecnológicas siempre hay una porción de usuarios animosos en probarla primero, a quienes llamaremos los ‘adoptantes tempranos’ (‘early adopters’). Los adoptantes son críticos para que una tecnología se convierta en masiva o al menos demandada. Siguiendo esa lógica, una plataforma como Votu.Pe contó con un millón de visitas –más o menos– en las últimas elecciones, según datos de Ale Rojas de Open Política.

Algunos dirán que ese millón de usuarios aún es muy pequeño. Yo diría que no, pues estos podrían ser los ‘early adopters’ que debemos usar como preceptores en el uso de plataformas tipo Voto Informado, Votu, En estas elecciones, tú tienes el control, etc. Es decir, este grupo de personas que usan las plataformas de transparencia las comparten, recomiendan y terminan por promover el efecto buscado: diluir la opacidad en torno a quienes aspiran a representarnos, vía el consumo del producto digital.

Además, es importante recordar que, en última instancia, las plataformas de transparencia digital persiguen facilitar la rendición de cuentas –'accountability’– y el empoderamiento ciudadano, dos razones que pocas veces se muestran tan evidentes, dado que los aspirantes a representantes públicos vinculan la cuestión más con obligaciones legales que con una ganancia deseable; por ejemplo, diferenciar su candidatura.

Entonces, las aplicaciones de transparencia son útiles y críticas para empoderar a los ciudadanos, pero también para promover un cambio, aunque discreto, en la forma de vivir la democracia. En ese sentido, si nos quejamos tanto de que el menú de candidatos suele ser malo o muy malo, una forma de mejorarlo es ejerciendo presión a través del consumo de este tipo de soluciones, pues obligan a que las organizaciones políticas hagan una criba más exhaustiva de sus postulantes.

Ahora bien, en el lanzamiento de cualquier producto digital es importante contar con la suficiente información que permita ofrecer los beneficios que ya hemos explicado. En esa línea, es vital que los aspirantes a cargos públicos faciliten la información requerida. Por esa razón, es alarmante saber que muchas de estas plataformas no logran acopiar todos los datos necesarios, pues los postulantes, o no se interesan, o simplemente no encuentran valor de hacerlo.

Como ejemplo, es interesante lo que ha compartido el contralor Nelson Shack Yalta, que informó que hasta el 1 de setiembre solo el 14% del total de candidatos(as) a las próximas elecciones (10.995 candidatos de un total de 76.509) había registrado su Declaración Jurada de Intereses Preventivo (DJIP) en el sistema de la Contraloría General de la República. Y al 12 de setiembre no se llega ni al 50% de cumplimiento.

Si tanto nos quejamos de lo mal que andamos respecto a quienes nos representan, en parte lo es porque no hay mucho de dónde escoger. Pero nuestra apatía puede perennizar esa situación a menos que elevemos la valla, y eso bien puede lograrse vía un mayor consumo de información y datos de transparencia.