Los derechos humanos disueltos

Muchas democracias en el mundo atraviesan una grave crisis de separación de poderes, al extremo de que más de uno de estos puede ser sometido o disuelto por otro, afectándose derechos políticos y civiles fundamentales.

Esas mismas democracias tampoco pueden garantizar derechos tan básicos como a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la igualdad, a la libre circulación, al trabajo, a elegir y ser elegido y al mínimo orden social, que en los ránkings mundiales de hoy asoman muy abajo, casi disueltos.

Más disueltas aparecen aún las declaraciones constitucionales y de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano al lado de las monolíticas prerrogativas del poder político, que sí se cumplen y ejercen plenamente.

Es como ver que los intereses del poder van por un lado y los intereses de la sociedad por otro, en líneas paralelas que jamás se encuentran.

Es asombrosa, por ejemplo, la inescrupulosa capacidad de las autoridades peruanas para justificar los bajos niveles de desarrollo educativo, buscando inútil consuelo en mínimas mejoras que nos siguen colocando a la cola del mundo. Del mismo modo que nuestro actual crecimiento económico, por debajo del promedio internacional, de 2,5%, frena largamente la chance de revertir las ya históricas hondas brechas sociales.

La alianza perversa del autoritarismo gubernamental con la incompetencia estatal viene aquí y allá echando por los suelos no solo el viejo sueño de una sociedad de bienestar, tornándola prácticamente inalcanzable, sino las posibilidades de que muchos y no pocos puedan alcanzar niveles de vida mínimamente decentes.

La paradoja tercermundista todavía subsistente es que los políticos en carrera por el poder y en el poder no son capaces de ponerse por encima de sus odios y diferencias en función de los intereses y necesidades de la sociedad que ellos creen representar. Mientras se repugnan mutuamente, alejando necesarias e importantes alianzas, como lo advierte Moisés Naím (El Comercio: 8/12/19), no hay quien gobierne ni legisle por los votantes; no hay quien quiera y pueda revertir estadísticas deplorables en salud, educación, seguridad y empleo; no hay quien quiera trabajar por la convivencia de mercado y Estado eficientes y equitativos, sobre la base de acuerdos sobre puntos mínimos.

¿Quién puede volver seguras las calles de Lima tomadas por bandas criminales (nadie sabe si puede retornar con vida a su casa)?; ¿quién puede garantizar el orden social abruptamente quebrado en Chile (nadie sabe si Sebastián Piñera tendrá la varita mágica deseable)?; ¿quién administra la continuidad democrática en Bolivia (nadie sabe qué hará mañana Evo Morales desde el exilio)?; ¿quién puede derrocar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela (nadie cree en la ficción democrática que alienta Guaidó desde adentro)?

Después de sus largos ciclos autoritarios y dictatoriales, las naciones latinoamericanas se han dormido en sus laureles electorales, como si solo de la delegación de poder se pudiera vivir toda la vida. Igualmente se durmieron en sus crecimientos macroeconómicos y de exportaciones primarias, sin giros industriales y tecnológicos exponenciales ni estratégicos mecanismos de distribución social de los ingresos.

Algunos países como el Perú no solo tienen que lamentar la disolución arbitraria de su Poder Legislativo, sino también de un fundamental órgano de administración de justicia como el Consejo Nacional de la Magistratura, hasta hoy no reemplazado por otro supuestamente mejor. Y en el colmo de los absurdos, la pérdida de autoridad en las jerarquías fiscales y judiciales y la manipulación del valor jurídico de los consagrados derechos a la presunción de inocencia y a los debidos procesos.

Así las cosas, el común denominador alarmante en la región es la casi disolución, en las incompetentes manos de los gobiernos y del Estado, de derechos humanos básicos, desde la salud hasta la seguridad, pasando por la educación, la justicia, el empleo, el transporte, la propiedad, todos ellos expuestos a un alto grado de vulnerabilidad.

No hay derechos de primera o quinta. Todos los derechos son iguales.