La crisis política que enfrenta el país no ha terminado con la salida de Pedro Castillo del poder. Y mientras muchos creen que a la nueva presidenta Dina Boluarte hay que darle un voto de confianza y tiempo para que se acomode al poder, es bueno recordar que la primera presidenta mujer del Perú no solo llegó al poder con Castillo como vicepresidenta, sino que además fue ministra de Estado desde el 29 de julio del 2021 hasta el 25 de noviembre del 2022, días antes de la caída de Castillo. Y mientras el Congreso celebra un triunfo que no le corresponde, hay manifestaciones y bloqueos a lo largo del país pidiendo el adelanto de elecciones generales.
Gobernar un país como el Perú nunca es sencillo, pero los retos que hoy enfrenta Boluarte son grandes. Por un lado, no ha logrado convocar un Gabinete sólido y con experiencia. Su primer ministro tiene serios cuestionamientos que no deberían ser pasados por alto. Y, por el otro, no tiene una bancada que la sostenga y las distintas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la izquierda están pidiendo adelanto de elecciones.
Boluarte debería empezar su gobierno revirtiendo el nombramiento de los funcionarios públicos del período de Castillo que fueron cuestionados por su falta de capacidad. El daño hecho a las instituciones no se revertirá de un día para el otro, pero es urgente sacar del poder a las mafias que se han enquistado en sectores como Salud, Transportes, Vivienda, Energía y Minas y Educación. Además, apremia revertir todas aquellas normas y directivas que, por ejemplo, desde el Ministerio de Transportes, el de Trabajo y el de Educación, significaron un revés a las reformas. Esto podría generar enfrentamientos con sectores que tradicionalmente recurren a la violencia para hacerse oír.
Durante su gobierno, Castillo se dedicó a fortalecer y empoderar a las rondas campesinas en lugares donde no hay ley. Las dotó de armas, vehículos y dinero. Las rondas podrían ser un factor desestabilizador para Boluarte. Y aquí el Viceministerio de Desarrollo Territorial de la PCM deberá tener un rol transcendental para intentar controlar y mitigar la conflictividad social. De la misma forma que la secretaría de Descentralización, que deberá apoyar a las nuevas autoridades subnacionales que asumirán el poder el 1 de enero. Es sabido que durante el primer año de gestión de las autoridades subnacionales se genera una caída en el gasto público, que se traduce en menores servicios y obras de infraestructura para los ciudadanos, lo que a su vez aumenta el descontento con la democracia y genera mayor inestabilidad.
Dina Boluarte deberá, el tiempo que esté en el poder, gobernar para mejorar las condiciones de vida de los peruanos, sobre todo de aquellos que se sienten excluidos de los beneficios del crecimiento y el desarrollo. Hoy, uno de cada cuatro peruanos vive en pobreza y 16,6 millones vienen enfrentando una fuerte inseguridad alimentaria. Es bastante probable que esta situación empeore en los próximos meses producto de las pérdidas de la campaña agrícola. Recordemos que al inicio del año la incapacidad del Ministerio de Desarrollo Agrario llevó al sector a una crisis ante la escasez de fertilizantes que hoy se ha profundizado como consecuencia de las sequías que viene enfrentando el país. En ambos casos, tanto por la falta de fertilizantes como por la falta de lluvias, los más afectados son los pequeños agricultores, que son además los que abastecen los mercados locales con productos básicos. La crisis es tan grave que se calcula que el 60% de la campaña agrícola se habría perdido.
Para lograr un gobierno eficiente, Boluarte deberá generar confianza en los actores económicos. Porque sin inversión privada no hay crecimiento económico, generación de nuevos puestos de trabajo, ni ingresos para el fisco. La expectativa de crecimiento de la inversión privada para el 2023 era, hasta hace unos días, menor al 2%.
La política es el arte de lo posible y Dina Boluarte deberá generar alianzas y demostrar eficiencia en la gestión pública y una lucha frontal contra la corrupción. Pero, sobre todo, entender que una parte importante del país está esperando un gobierno de transición.