La madre del desbarajuste, por Juan Paredes Castro

El agravado desbarajuste político-institucional del país, advertido por “The Economist” y por los propios actos del gobierno y el Congreso, podría llevarnos a otra década perdida.

Comencemos por entender, en primer lugar, que la madre de este desbarajuste político-institucional no es otra que la autoridad extraviada en las más altas instancias de la vida pública nacional.

Los puestos de poder, elegidos o no elegidos, existen. Las personas que los ocupan, también. Los sueldos que reciben constan en las planillas de pago. Lo que no existe, hechas las excepciones de regla, es el ejercicio real de los mandatos que ellos encarnan.

Junto a los años de crecimiento económico que nos han tocado celebrar es bueno que veamos los años acumulados en desorden político, inseguridad social y jurídica y en no poco temor por el retorno a los viejos tiempos de anarquía.

Ahora resulta que las autoridades ministeriales son más normativas que ejecutivas. Llegaremos al momento en que careceremos en absoluto de quienes hagan cumplir la ley.

Dado sus casi dos metros de tamaño, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes Rodríguez, no puede pasar desapercibido, pero su figura se esfuma como un dibujo animado en medio de muertes criminales en las pistas y carreteras. Choferes y empresarios, acostumbrados a vivir sin el castigo de la ley, se ríen del Estado.

En efecto, Paredes no puede eludir lo que sus viceministros, directores generales y operadores especializados hacen y dejan de hacer. A él le corresponde atacar la incompetencia y la impunidad vigentes o sencillamente renunciar. No importa cuánto aprecio le pueden guardar el presidente Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia. El problema es que la criminalidad en el transporte público le reclama una voluntad política que debiera hacerla patente de algún modo.

El desgobierno en muchas regiones del país es, comenzando por Áncash, también consecuencia de la pérdida de autoridad del Gobierno Central, que ha convertido a las administraciones descentralizadas del país en tierras de todo y de nadie. De todo, cuando el crimen organizado, la minería ilegal y el narcotráfico imponen sus reglas. Y de nadie, cuando ni Humala ni el presidente del Congreso ni el fiscal de la Nación ni el titular del Poder Judicial pueden hacer poca cosa, sencillamente porque no hay ninguna regla escrita que obligue a los gobiernos regionales a someter su conducta y su responsabilidad a las leyes.

Lamentablemente, Humala no puede predicar con el ejemplo porque la propia autoridad presidencial está afectada, en la práctica, por un cogobierno de facto inaceptable.

Es más: la figura del primer ministro subyace en un nivel tan secundario que la autoridad de cada jefe de sector representa una aventura personal que puede terminar siendo buena o mala.