Contra Maduro y contra Trump, por Federico Salazar

Ha hecho bien el gobierno del Perú en expulsar al embajador de Venezuela en el Perú. La razón es política. El Gobierno de Venezuela ha terminado con el orden democrático.

Las personas son dueñas de decidir a quiénes incluyen en su círculo de amistad. Lo mismo sucede con los gobiernos. Esta es la posición del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

El Gobierno Peruano no afecta el derecho del pueblo venezolano a decidir qué tipo de régimen político avala. Resuelve que, a su juicio, en Venezuela no se da garantía a la representación política.

El retiro del embajador de Venezuela no implica una ruptura de relaciones diplomáticas. Quiere decir, simplemente, “tengo dudas de qué tanto representas a tu país”.

Las dudas son más que razonables. Venezuela ha destruido las instituciones del Estado de derecho. Hizo una Constitución a la medida de la dictadura chavista.

Aún con esa ventaja, el grupo en el poder perdió elecciones parlamentarias. Sometió entonces las decisiones del Congreso a jurisdicciones. Impuso a la autoridad judicial por sobre el Poder Legislativo.

Este proceso de demolición del Estado de derecho llegó a una etapa terminal.

El presidente Maduro convocó a una Asamblea Constituyente, que es el procedimiento de muchas dictaduras. Es el procedimiento que reclamaban para el Perú Verónika Mendoza, entre otros.

Poco antes de convertirse al nazismo, el jurista Carl Schmitt sostenía que el “poder constituyente” no es un poder más, coordinado con otros distintos poderes, sino que es la base de todos los poderes.

El “poder constituyente” en Venezuela procede del Ejecutivo. El Ejecutivo la convocó, y el presidente fue ratificado por ella.

La presidenta de la Asamblea fue canciller del gobierno. Tras jurar el cargo, anunció: “Maduro, no te vamos a abandonar”.

La Constituyente es, en Venezuela, un anexo del Ejecutivo. Su único objetivo es anular al Congreso. Cambiar de representación para legislar según las necesidades políticas del gobierno es lo contrario al régimen constitucional.

El principio de soberanía impide que los demás gobiernos se inmiscuyan en lo que está sucediendo. Por eso ha hecho bien el presidente Kuczynski en retirar al embajador venezolano, sin romper relaciones.

Los chilenos tuvieron que resolver, por sí mismos, la dictadura de Pinochet. Los peruanos, por nosotros mismos, tuvimos que resolver la dictadura de la mayoría fujimorista. Los venezolanos tendrán que hacer lo propio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree, sin embargo, que los problemas de Venezuela le dan derecho a su gobierno a una intervención militar.

“Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar, si es necesario”, ha declarado el gobernante norteamericano.

La Cancillería peruana se ha distanciado de esta opción. “Todo intento interno o externo para recurrir a la fuerza socava el objetivo de restaurar la gobernabilidad democrática en Venezuela, así como los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.” (Comunicado 028/17).

Aun así, se requiere que el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski rechace de manera categórica las expresiones del presidente de Estados Unidos.

Así como tiene el derecho de diferenciarse del gobierno de Maduro, el presidente tiene la obligación de diferenciarse de Trump. Lo que ha dicho es inadmisible. Kuczynski debe rechazarlo de manera tajante.

No solo se trata de la gobernabilidad en Venezuela. Se trata de la soberanía territorial. El jefe del Estado Peruano debe decir algo así como: “Se debe descartar una opción militar frente a Venezuela”. “No aceptamos ninguna sugerencia de vulneración de nuestras soberanías.”

La posición de PPK, ¿está hecha de convicciones sobre el Estado de derecho? ¿O está hecha de pactos y tinglados con la desastrosa política internacional norteamericana?

No se pueden aceptar las bravuconadas y matonerías intervencionistas del presidente Trump.

La posición del Perú debe mantenerse como defensa del Estado de derecho. Eso implica un juicio sobre la destrucción de las instituciones en Venezuela. También, por supuesto, un juicio sobre el derecho internacional y sus exigencias.