Mafias importadas

La seguridad ciudadana es la base de la tarea del Estado. ¿Para qué existe el Estado si no es para proteger nuestros derechos? En el Perú, el Estado falla en su tarea esencial.

En Ecuador, el dominio de las bandas criminales ha llegado a límites mayores. Tenemos que hacer todo lo posible por contener el avance de la criminalidad y la impunidad.

El gobierno de sucesión no está solo para llegar al término del mandato. El acceso constitucional al poder supone el cumplimiento de las tareas esenciales del Estado.

En cuanto a la lucha contra la delincuencia, el gobierno actual debe desarticular las bandas que prosperaron al amparo del gobierno de Pedro Castillo. Representan una amenaza y se agazapan tras el cuento de la lucha social.

Las mafias de extorsión, de sicariato, de asalto a mano armada, además del robo y el asesinato, se han extendido y crecido.

La Policía Nacional del Perú (PNP) hace buenos esfuerzos. Muchas veces, en sentido contrario, el Ministerio Público suelta a los delincuentes o no hace una buena acusación. Los jueces dictan a veces prisiones preventivas y una vez concluidas no hay seguimiento del proceso. La consecuencia es que los delincuentes quedan libres, extienden la impunidad y erosionan el principio de autoridad.

La policía, en muchos casos, captura varias veces al mismo delincuente. ¿Por qué no queda preso? ¡Porque el monto es menor, porque no se apersonó el fiscal, porque no está su huella digital!

En lo primero que tiene que trabajar el gobierno es en la articulación del trabajo policial y el trabajo fiscal. Lo que vemos entre estas dos instancias del sistema no es solo descoordinación, sino hasta enfrentamiento.

El gobierno, usando facultades delegadas, publicó el Decreto Legislativo 1604. Este encarga a la PNP: “Asumir y realizar la investigación del delito desde el conocimiento de la noticia criminal” (art. 2, inc. 14).

La Constitución asigna al Ministerio Público la tarea de: “Conducir desde su inicio la investigación del delito” (art. 159, inc. 4). El primer ministro Alberto Otárola y el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, ¿no leyeron la Constitución? ¿Sus asesores tampoco?

Lo que debió ser parte de la solución se convirtió, en manos del Ejecutivo, en parte del problema. Ahora hay una polémica sobre la constitucionalidad del DL.

La situación en Ecuador va a repercutir en el Perú. La respuesta de ese gobierno a la criminalidad ayudará a la migración de delincuentes. Se sumarán a las mafias que ya se instalaron aquí.

También se requiere de presupuesto para la formación de policías y fiscales, para la extensión del programa de unidades de flagrancia, para el equipamiento de las comisarías y también para la descarga procesal de las fiscalías.

Necesitamos más policías, pero no solo cadetes de la escuela, sino policías especializados en investigación criminal y laboratorios, además de vehículos, personal de patrullaje y equipos de comunicación.

Todo esto cuesta dinero. Hubo dinero y se ha manejado muy mal. El caso de la refinería de Talara es de escándalo. Se van a gastar como US$8 mil millones en ese capricho.

Se tienen que rehacer las cuentas públicas, se tiene que reformar el presupuesto, se tiene que cancelar lo que sobra. La necesidad es imperiosa y esencial. No se pueden demorar.